Derechos indígenas: una victoria para la comunidad Pluma Blanca 

Con una audiencia pública en Jesús María, la comunidad Pluma Blanca, acompañada por referentes sociales, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y del INAI, logró la suspensión del desalojo sobre un territorio ancestral de 166 hectáreas.

En una histórica audiencia pública realizada en los Tribunales de Jesús María, representantes de pueblos originarios de la región que hoy es la provincia de Córdoba, organismos de Derechos Humanos, científicos y docentes universitarios, lograron con sus argumentaciones, suspender el proceso de desalojo que pesa sobre la comunidad indígena Pluma Blanca. Se trata de tres familias del Pueblo Comechingón que habitan en la comuna de El Manzano, camino a la localidad cordobesa de Candonga. Y soportan desde hace décadas hostigamientos y actos de violencia por parte de la familia Remonda –o sus empleados–, que buscan expulsarlos del lugar para poder utilizar los terrenos en emprendimientos inmobiliarios y mineros.

La audiencia, que presidió el Juez de 1º Instancia de Jesús María, Luis Belitzky, se planteó ante la inminente ejecución del desalojo de la comunidad Pluma Blanca. Carlos López es el newen de esta comunidad, y explicó en la audiencia que su familia «vive ahí desde siempre, por generaciones”. Y hace décadas sufren amenazas para que abandonen ese territorio de 166 hectáreas, según consta en el Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). De hecho, los intentos de desalojos violentos tuvieron efecto: otras familias de la comunidad dejaron el lugar donde hoy resisten, por primera vez amparados por la justicia –hasta que se tramiten los recursos de apelación que interpuso la comunidad–, los integrantes de la familia López.

El conflicto se inició por la disputa entre un actor privado –Luis Ramonda, nieto directo de la familia fundadora del diario La Voz del Interior— quien afirma tener el título dominial de las tierras, y procede contra una comunidad que ejerce la posesión efectiva “hace décadas” confirman los testimonios presentados en la audiencia. Y refuerza el newen: “Somos parte de esta tierra, nuestra sangre está acá”, sostiene López frente al Juez Belitzky, y ante la demanda de Ramonda.

En los últimos años, la violencia para desalojarlos fue creciendo: desde el robo de animales, hasta ataques con armas de fuego. Incluso hay denuncias de abuso sexual a integrantes de la comunidad. En 2015, Remonda inicia la demanda judicial por la compra de cientos de hectáreas en la zona, incluida el área de ocupación de Pluma Blanca. Exige que desalojen el territorio, en un proceso que concluyó con la sentencia de expulsión, en 2020.

Por la situación de pandemia el desalojo no pudo ejecutarse. De ahí que, en junio de este año, entidades con representación institucional y organizaciones sociales llevaron el reclamo a los Tribunales de Jesús María. Exigieron al Poder Judicial frenar la medida “que busca despojar de su hogar a la comunidad violando leyes nacionales e internacionales” sostiene la abogada de Pluma Blanca, Natalia Bilbao.

La argumentación es clara: “Estas cuestiones no se pueden resolver con el derecho privado –explica Bilbao–, el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y, si una comunidad es preexistente a la conformación del Estado, sus derechos deben ser respetados, no se puede ir en desmedro de ese reconocimiento”.

Así se gestó la audiencia del 21 de julio que tuvo como objetivo cuestionar la sentencia de desalojo sobre el territorio de Pluma Blanca. Y se logra que el Juez Belitzky suspenda el desalojo hasta “que se tramiten ante la Cámara de Apelaciones los recursos interpuestos por la comunidad”, afirma el decreto judicial. Esto significa “que el juez entendió que se provocaría un perjuicio evidente de continuar la ejecución si existen circunstancias que, revisadas en segunda instancia, demuestran ser desajustadas a derecho” explica Bilbao a Página/12.

El Juez ofrecer además, en su escrito, que «las partes en conflicto en la causa tengan un espacio de diálogo para la composición del litigio y a tal fin podrán comparecer, previa comunicación al Tribunal en cualquier día y hora de audiencia, acompañados de sus apoderados».

En la audiencia, donde se logró “diferir el desalojo –o sea aplazarlo– aunque no aplicar la Ley de Emergencia Territorial Indígena», advierte Bilbao–, se presentó un informe arqueológico y antropológico. También un mapa donde investigadores del Instituto de Antropología y del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la comunidad, relevaron el territorio dando cuenta de las dimensiones reales del lugar. Y demarca la porción en disputa, de 166 hectáreas, confirmada por el Relevamiento Territorial del INAI. La zona permite actividades rurales de subsistencia. Y allí vive Carlos López junto a su compañera Norma Ibarra y sus hijos.

El caso es complejo ya que hubo un proceso de “autoadscripción de la comunidad indígena” –señala Bilbao–, y esto implica la toma de conciencia de haber habitado por varias generaciones el territorio. Por lo tanto se cuestiona la carátula que consigna: un conflicto “entre privados”, por tratarse en este caso, de “un privado contra una comunidad”. El proceso judicial que plantea el desalojo no reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas de nuestro país, «que sin embargo tienen entidad constitucional y garantizan los derechos a la identidad y la autodeterminación, a la ocupación y titularidad de territorios ancestrales, en respeto a la diversidad cultural” apunta Bilbao.

El reclamo expresado en la audiencia exigió “el inmediato cumplimiento de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena”. Y presentó argumentos desde las perspectivas histórica, antropológica y jurídica. Así lo enunciaron quienes testimoniaron, entre ellos referentes del INAI y de Acceso a la Justicia. Antropólogos como José María Bompadre y Fabiola Heredia (Directora Museo de Antropología), junto a historiadores originarios como Pablo Reyna, de la comunidad comechingón Timoteo Reyna, y Cristian Bustos, de la comunidad Sanaviron Mampa Sacat, entre muchos otros referentes indígenas.

Para la abogada de la comunidad “fue un día significativo y trascendente”. Habla de los pueblos indígenas en general y de la comunidad Pluma Blanca en particular. “La audiencia fue un hecho memorable, donde la Justicia pudo escuchar diferentes voces y esto es importante” agrega. La toma de conciencia colectiva permite a los operadores judiciales “ampliar el espectro” explica Bilbao. Y concluye: “Esto permite salir del prejuicio y aplicar el derecho tomando todos los elementos que estas situaciones complejas requieren”.

FUENTE: PÁGINA 12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO

 

Los comentarios están cerrados.