“En mi experiencia, lo que siempre sobrevoló la cuestión de los planes sociales fue, básicamente, lograr que ‘los negros jodan lo menos posible’”, dice Juan Grabois en Los Peores: vagos, chorros, ocupas y violentos, su último libro publicado por Sudamericana en su versión papel y como e-book. Allí confronta las caracterizaciones más corrientes sobre los excluidos del mercado laboral (“no trabajan”), el insulto a sus dirigentes (“son gerentes de la pobreza”), la confusión sobre las causas del mal (“hay que enseñar a pescar”), la hipocresía política (“vamos a convertir planes sociales en empleo”) y otros derivados que ocupan el centro del debate sobre los movimientos sociales.

Este es un intento de dialogar con los que no nos quieren”, señala el autor, en diálogo -virtual- con este diario. “Porque incluso con los que te agravian o te difaman hay que tratar de interactuar, empatizar». Y la empatía «implica asumir que el otro no plantea las cosas porque es mentiroso, sino porque tiene una narrativa formada por falsas representaciones”.

¿Qué plantea?

Los Peores le plantea por ejemplo a la clase media que no es cierto que sea “la mitad que sostiene la otra mitad”, aunque le concede que paga una parte importante del sistema de seguridad social: “Como explica Marx, ‘figuran entre los gastos varios de la producción capitalista que, en su mayor parte, el capital se ingenia para sacárselos de encima y echarlos sobre los hombros de la clase obrera y de la pequeña clase media”, cita.

El libro discute también la idea de que terminando con los planes sociales se pagarían menos impuestos, -el principal impuesto es el IVA, que paga toda la población cada vez que compra algo. Y cuestiona la creencia de que el pobre vive de planes y subsidios: “Los planes ayudan un poquito, a veces hasta el 30% del ingreso familiar deriva de subsidios, pero de ninguna manera pueden explicar la subsistencia de las familias más humildes”. El que es pobre, trabaja, reafirma Grabois. Y «es que otra no le queda».

Un apunte interesante de Los Peores es cómo las falsas representaciones permean hasta aquello a lo que recurrimos para encontrar la posta: el sistema de estadísticas nacionales. La Encuesta Permanente de Hogares, sostiene, “devuelve una imagen distorsionada de la estructura social argentina”.

— ¿Por qué?

— Porque mide la desocupación subjetivamente y no da datos sobre la calidad del empleo. Una lectura real de la estructura laboral en la argentina mostraría la gravísima situación que atravesamos y la necesidad de institucionalizar y promover la economía popular como un alternativa frente a los procesos de descarte humano propios del capitalismo. Por otro lado, los conceptos que usa la EPH en algunos casos son aberrantes. Sigue diciendo que las mujeres que realizan tareas del hogar son «inactivas», no hacen nada, no existen; es una visión machista y además estúpida. Otra distorsión que comete es tomar sólo conglomerados urbanos. La realidad de la ruralidad, los pequeños pueblos, las comunidades originarias queda invisibilizada y es donde se presentan los peores indicadores sociales.

Producto de esa mirada que está torcida desde antes de abrir los ojos, la sociedad suele creer que los trabajadores de la economía popular son desocupados o inactivos. O que son «marginales» –en el sentido de ser pocos o la excepción. Pero en realidad, lo que se viene volviendo excepcional es empleo privado registrado: entre 1996 y 2021, los asalariados del sector privado nunca superaron el 26% de la población en edad de trabajar.

Lo malo de lo bueno

Aunque no habla casi sobre la relación con los dirigentes políticos, Los peores aclara las diferencias de Grabois con el kirchnerismo. «El nudo del desacuerdo con Cristina Kirchner es su fe en que el problema del trabajo puede resolverse con la creación de empleo privado”.

En ese camino, el referente social plantea lo que en boca de otro kirchnerista sería una herejía: que incluso el mejor momento de los gobiernos de Néstor y Cristina no fue tan bueno para los trabajadores.

«Durante el gobierno de Néstor Kirchner el empleo pegó una tremenda remontada y durante los gobiernos de Cristina aumentó el poder adquisitivo del salario. Sin embargo, incluso en el mejor momento, el 61% del mundo del trabajo en la Argentina padeció el yugo del trabajo precario: monotributistas, empleadas de casas particulares, tareas de cuidado no remuneradas y fundamentalmente economía popular. (…) Mucha gente, nuestra gente, nosotros. Ahí está el núcleo duro de Los Peores, lo que quedó en las márgenes de la década ganada; es, por lo menos, el 25% de los argentinos y argentinas”.

…y su revés

En su libro, Grabois también reivindica haber negociado con los gobiernos de derecha.

Revela, por ejemplo, que para crear el Registro Nacional de Barrios Populares, que hoy es la base del Programa de Integración Sociourbana –la política pública más avanzada conquistada por los movimientos– el que le abrió la puerta a la propuesta fue el operador macrista Fabián Rodríguez Simón. «Fue él quien validó ante la cúpula del PRO nuestra idea de la expropiación masiva, y luego Mario Quintana permitió operativizar el registro. Así fue la cosa… ¿Qué quieren? ¿Que mienta?”

El Programa de Integración Sociourbana nació en 2016, cuando organizaciones sociales y ongs acordaron con el gobierno de Mauricio Macri hacer un censo de los barrios populares, frenar los desalojos por cuatro años en lotes que quedaran inscriptos en un registro (el Renabap) y declararlos de utilidad pública, es decir sujetos a expropiación. Las organizaciones lograron sancionar una ley que refrendó ese acuerdo, ley en la que el Estado asumió que debía urbanizar los barrios y estipuló que por los menos un 25 por ciento de las obras debían ser hechas por cooperativas o cuadrillas de la economía popular. El macrismo, que impulsó la aprobación de esta norma, sin embargo no le dió presupuesto.

En 2019 el gobierno del Frente de Todos resolvió el financiamiento al destinarle un porcentaje de lo recaudado por el impuesto al dólar País, y luego parte del impuesto a las grandes fortunas. También creó una subsecretaría para coordinar los trabajos, que hoy son la política social más avanzada con la que cuenta el Estado. La semana pasada el Senado convirtió en ley una actualización de la Ley de Barrios Populares, que amplió los polígonos (o manzanas) registradas, luego de un nuevo censo, extendió por 10 años la prohibición de desalojos y fijó un presupuesto para continuar las obras de integración.

Las marchas

Grabois hace una crítica a algunas prácticas de los movimientos sociales. Por ejemplo, dice que está en desacuerdo con la toma de asistencia en las marchas. «Obligar a las personas a participar de actividades políticas o sociales no es una práctica sindical sino feudal y punteril. Supongo que el sindicato de prensa no te obliga ni a vos ni a tus compañeros a ir a ningún lado que no querés», chucea. Y apunta contra la izquierda: «Nadie en su sano juicio puede creer que hay cientos de miles de marxistas-leninistas-troskistas en las barriadas del conurbano. Ocurre que las organizaciones son casi el único canal de acceso (a los programas de empleo)… Y, ¡gracias a Dios que existen! Si no fuera por ellas habría muchísimos más desocupados».

Por otra parte, asegura que el principal cambio de mirada que hizo con sus compañeros de militancia fue entender que están frente a un Estado impotente.

“Los cartoneros, gracias a una acertada y laboriosa estrategia gremial, hoy son visibles como laburantes». Vienen conquistando -el caso citado es el de CABA- «derechos laborales: salario complementario, logística adecuada, centros de acopio y procesamiento, mecanismos de comercialización colectiva que permiten mejores precios de los materiales, acceso a la cobertura de salud y riesgos del trabajo, una relativa estabilidad de ingresos. Una pequeña revolución laboral para un sector que antes era la escoria de la escoria de la sociedad”.

Pero “nada de eso se hubiera logrado únicamente con el Estado. Descubrimos en ese proceso que el Estado, tal como funciona hoy, es un Estado impotente. Hubiéramos deseado que (la organización del sistema de reciclado urbano) fuera una política 100% de gestión estatal y que nuestro movimiento funcionara como un sindicato. Pero sin mecanismos de cogestión, las cosas, simplemente, no suceden. Todo cae en una suerte de apatía, en un pantano, sin entusiasmo ni motivación ni cuerpos deseantes, para usar los términos de moda. (…) Sin la presión de la demanda organizada, nada, pero nada, hubiera sucedido. Ese fue nuestro principal aprendizaje«.

FUENTE: PAGINA12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO