El ministro de Obras Públicas de la provincia, Julio Ortíz Andino, llegó con una preocupación a la Cámara de Diputados para tratar de salir del cuello de botella que hay por estos meses en el sector de la construcción, en obras que dependen del Estado.

Es que el actual mecanismo de redeterminación de precios que la provincia tiene para actualizar los valores de la obra pública, una herramienta que sirve para hacer equilibrio entre lo presupuestado y el aumento de los valores mientras se ejecuta, está contra las cuerdas porque los niveles de inflación hacen crujir esa ecuación y la liquidez de fondos que llega a las constructoras se ha visto comprometida.

En rigor, el funcionario provincial busca que se apruebe una ley que le permita al Ejecutivo local tener una especie de carta blanca para asumir ese desfasaje y que no se corte la obra pública, teniendo en cuenta el movimiento que genera en San Juan, tanto en proveedores como empleados.

«Cuando una obra se licita se hace por un monto y con la inflación galopante no alcanza el monto que se destina», explicó el diputado provincial y jefe de la UOCRA San Juan, Eduardo Cabello.

Y agregó, «hay que ver cuánto es el monto que se les va a dar, cómo se va a controlar. Creo que no va a haber inconveniente para que esto salga, el bien común va a primar».

Cabello reconoció que hubo alguna gestión a nivel nacional para tratar de encontrar una solución a un problema que vienen detectando en un año donde se prevé que el índice de precios se acerque al 100%. También dijo que «todas» las obras están sufriendo este problema, pero que la preocupación se presenta en aquellas que tienen mayor volumen de obreros.

«Queremos que las empresas no se ahoguen, buscar una solución. Por eso esta herramienta que buscaremos aprobar», apuntó el legislador.