La Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, acusada de «traición a la patria» y otros delitos en su país por su presunta relación con un plan para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, muy crítico de Maduro, dijo en un comunicado que la detención de San Miguel era un «atropello injustificable» y profundizaba la «criminalización» de los defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Almagro condenó también la «detención arbitraria» de varios familiares de San Miguel, que describió como «una acción repudiable e infame».

El fiscal general de venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes por la noche que San Miguel, detenida el mes pasado cuando se disponía a salir de Venezuela, será imputada por «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración».

Saab afirmó enun comunicado que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra terrorismo que lleva el caso «privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa» por los delitos de las que se la acusa.

Las posiciones de la defensa y la fiscalía

La defensa de San Miguel denunció que tanto ella como cinco de sus familiares – su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo – sufrieron «desaparición forzada».

Esto es «un patrón claro de desaparición forzada», dijo Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de la activista detenida el 9 de febrero en el área de migración del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas.

La fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la «presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación».

Saab indicó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis «ciudadanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco».

El fiscal no precisó si entre las seis personas presentadas en tribunales están los familiares de San Miguel, informó la agencia de noticias AFP.

El gobierno describió a «Brazalete blanco» como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar al presidente Maduro.

Saab dijo que además de la privativa de libertad contra San Miguel y su exesposo, el Ministerio Público solicitará «medidas cautelares» con presentaciones periódicas para otras cuatro personas.

Se trata de una «detención que se está extendiendo a su grupo familiar, a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente a Rocío San Miguel. Esto es terrible», dijo González Taguaruco sobre los arrestos de parientes de la activista con doble nacionalidad, venezolana y española.

El Gobierno venezolano asegura que sólo en 2023 neutralizó cinco «conspiraciones», en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.

Quién es San Miguel

Abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares, San Miguel es además defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más consultadas en Venezuela.

Crítica de los gobiernos de Maduro y del antecesor de este, Hugo Chávez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la OEA, otorgó en 2012 medidas cautelares de protección a San Miguel y a su hija.

La CIDH también pidió la liberación de San Miguel en un mensaje en su cuenta de X.

«La CIDH condena la desaparición forzada de la defensora, beneficiaria de #MedidasCautelares, Rocío San Miguel e insta al Estado a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia», dijo la CIDH.

Ya en 2014 San Miguel había sido señalada por el propio Maduro, que buscará en 2024 su tercera reelección, de estar involucrada en «un alzamiento militar».

«Esa impugnación nos parece absurda y sin fundamento», zanjó González Taguaruco.

Diversas ONG y opositores cuestionan la detención. También reaccionó la embajada de Estados Unidos.

«El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias», señalaron 204 organizaciones en un comunicado conjunto divulgado este lunes.

La detención de San Miguel y sus familiares «sigue una tendencia preocupante» de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.

En octubre pasado el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo político en Barbados de cara a las presidenciales, tras el cual fueron excarcelados 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos presos por motivos políticos.

A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y quien estuvo detenido en ese país bajo acusaciones de lavado de dinero.

En Venezuela hay 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal.

Para fines de enero sumaban 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- además de 22 órdenes de captura.