Tras el anuncio del vocero presidencial, referentes y exfuncionarios destacaron que la decisión sólo podrá concretarse por la vía por la cual el organismo fue creado en 1995, y aseguraron que es un «bastión fundamental» en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona ratificó el futuro cierre del organismo antidiscriminación e informó que «cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea».
Referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que «su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente».
La eliminación del Inadi estaba contemplada en el artículo 348 de la fallida Ley «Bases». Decía escuetamente: «Derógase la Ley N° 24.515».
Una de las reacciones más fuertes fue la de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que sostuvo que la medida «atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial».
«La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi, un verdadero ejemplo en el mundo», dijo.
En la mañana de este jueves, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que se estaban dando «los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo».
Expresó que la medida responde a uno de los «ideales del Presidente», que «es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos». Aseguró que «no podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones».
Adorni indicó que el Inadi, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, «tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país».
«Hay un sinfín de institutos que el presidente (Javier) Milei está decidido a cerrar o desmantelar, ya que nuestra prioridad es que el Estado debe achicarse para reducir el gasto público con el objetivo de bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia del Gobierno», comentó Adorni.
Aclaró que el cierre no será inmediato y sostuvo: «Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos será por decreto y en otros bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto».
En tanto, Justicia precisó en un comunicado que las tareas del Inadi serán realizadas por esa cartera, que cuenta «con personal preparado para realizar eficazmente la tarea». Y dijo que «el personal idóneo» de ese organismo que «realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio, donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad».
Cúneo Libarona afirmó que es «una prioridad» de su cartera «cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo» y remarcó que «respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación», para lo que, ya se elaboró «un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas».
Se indicó que contaba «con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente» y se ejemplificó: «Tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución, en los últimos dos meses ya se resolvieron 2.000 de ellos.
Sobre el recorte de los gastos de ese organismo, Justicia señaló que «ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos ($ 202.499.512 en enero de 2024)» y que pidió «la renuncia a todos los delegados».
«EI Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente», anticipó.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó en favor de la medida y dijo en la red X: «Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados».
El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, dijo que el Inadi «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia donde «se investigan crímenes, violaciones y robos».
«Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos…», escribió en X.
El anuncio se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días la intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga a su frente. La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.
El Inadi fue creado en 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención entre enero y diciembre de 2023, recordó que fue creado «luego de los dos grandes atentados terroristas» sufridos en el país contra la embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
Pena recordó por C5N que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas impulsadas en la ley «Bases», y afirmó que «para cerrarlo es necesario derogar la ley».
Victoria Donda, extitular del Inadi, dijo al diario Perfil que, para cerrarlo, el Gobierno «debería recurrir a otra ley si es que cree un poquito en la democracia».
El diputado socialista Esteban Paulon indicó que «el Gobierno no puede tomar unilateralmente» la decisión si no es por medio de una ley, y dijo que las «organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible».
El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con esta medida «el Gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática» y expresó su «repudio absoluto».
Leandro Santoro, diputado nacional de UxP, se preguntó si las autoridades consultaron «a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país».
El Inadi funcionó al comienzo en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a Justicia. Sus trabajadores habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara.
«El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional», dijeron. Y destacaron que desde 1997 «ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) porteña calificó la decisión de «inaudita» y dijo que «reafirmamos el compromiso por las políticas públicas inclusivas e igualitarias que tanto bien le hicieron a nuestro país. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando derechos conquistados».
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