Primero fue Río Negro, con la energía. Recordemos que todo comenzó con el debate por la ley ómnibus, a fines de enero, cuando el Gobierno amenazó con un recorte presupuestario a las provincias en caso de que no se aprobara. En ese momento, el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti, lanzó una fuerte advertencia: «Tendremos que defendernos. Podemos dejar sin energía al Gobierno nacional».

Luego, La Rioja, anunció su decisión de emitir una cuasimoneda, el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), que saldrá a la luz en 40 días, tras ser aprobado en enero en la Legislatura de la provincia. Asimismo, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, presentó una demanda en la Corte Suprema contra Nación por $9.300 millones del Presupuesto 2023 en compensación por el punto de coparticipación que perdió el distrito cuando se gestó en la década de 1980 ese sistema de reparto.

El punto más álgido, hasta ahora, de esta crisis de la Nación con las provincias se alcanzó en los últimos días a raíz del enfrentamiento con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien que amenazó con dejar de proveer petróleo y gas al país�si el Gobierno nacional no le gira a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días. Estuvo respaldado por varios gobernadores en su postura.

No contento con esto, este lunes, Milei decidió confrontar con otro gobernador, Axel Kicillof, quien anunció que irá a la Justicia�luego de que el gobierno de Javier Milei eliminara por decreto el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández.

La mayor preocupación de los analistas políticos y económicos hoy es qué podría pasar si este conflicto no cesa y sigue escalando. Todos advierten sobre la necesidad de poner paños fríos al asunto. Pero no hay mucha voluntad de las partes, por ahora.

Una escalada del conflicto podría derivar en:

Más impuestos provinciales

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, sostiene que, “si este conflicto sigue escalando, dados los cambios que se están dando en las transferencias no automáticas y la caída de la coparticipación a raíz de la reforma de Ganancias, es probable que derive en un aumento de la carga tributaria por parte de las provincias, que podrían subir Ingresos Brutos, por ejemplo”. Advierte que eso va en contra de la generación de inversiones y la producción, por lo que afectaría negativamente al Gobierno nacional y la evolución de la actividad, ya muy castigada.

Falta de abastecimiento

Por otro lado, si esta escalada de conflictos no termina acá, los mandatarios provinciales podrían plegarse a la actitud de Río Negro y Chubut y hacer valer su potestad como propietarios de los principales recursos naturales del país. Eso afectaría gravemente la provisión federal de ciertos insumos básicos, como la energía, y hasta podría afectar a los alimentos.

De más está decir que una situación semejante redundaría en serios perjuicios económicos para el país, amén del conflicto social que podría acarrear la escasez de combustible y otros elementos. Sucede que la Argentina es un país que depende mucho de toda su extensión territorial para la generación de divisas y el funcionamiento de su economía.

Escasez de dólares

Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la escasez de dólares de la Argentina es el gran problema en la actualidad. “Hay un tema de restricción interna. No hay suficientes divisas para abastecer las necesidades de comercio exterior, los pagos de deuda y la compra de dólares para ahorro”.

En ese escenario, desde el Centro analizaron el aporte y la demanda de dólares que realiza cada distrito provincial a la economía nacional. “Nosotros nos planteamos quién aporta y quién consume más dólares”, dice a este medio Guillermo Oglietti, sub director de CELAG y doctor en Economía.

El resultado es sorprendente: “CABA es la que más consume, tiene un déficit de divisas de casi u$s8.000 millones, mientras que el resto de las provincias son casi todas superavitarias, como Santa Fe, Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y Entre Ríos, o muy poco deficitarias (con déficit menores a u$s1.000 millones)”, detalla.

Dólares: cuánto aporta cada provincia a la economía

Así, según la CELAG, nueve provincias tienen un superávit comercial, que en conjunto suma u$s27.500 millones: de las cuales, las cinco primeras son Santa Fe, Córdoba, Chubut, Buenos Aires y Santa Cruz y alcanzan superávits superiores a los u$s2.000 millones.

Santa Fe, con u$s12.100 millones de superávit es la provincia más superavitaria�y duplica a Córdoba, que le sigue, con u$s6.800 millones, en tanto que Chubut, Buenos Aires y Santa Cruz reportan superávits u$s2.000 millones cada una. Las tres primeras están muy atadas al sector agroexportador e industrial (automotriz) en tanto que Chubut está ligada a las exportaciones de petróleo y gas y, en Santa Cruz, se destaca la actividad minera y del petróleo.

Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y Entre Ríos, también tienen saldos comerciales positivos, aunque debajo de los u$s1,000 millones y el resto suma un déficit de u$s12.800 millones, en tanto que la Ciudad de Buenos Aires sola «es la principal consumidora neta de dólares y genera el 60% del déficit”, detalla Oglietti.

Los dólares que aporta cada provincia contribuyen a disminuir el problema del frente externo.

Depositphotos

Y es que, con el dato de las exportaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en base a una estimación de las importaciones, el informe, publicado en junio de 2022, reveló “que Santa Fe es la provincia más superavitaria, mientras que la Ciudad de Buenos Aires es la principal consumidora neta de dólares”. Y Oglietti aclara que, si bien sería positivo actualizar este informe, la estructura de aporte de las provincias no ha variado mucho a la fecha.

El analista indica que una de las propuestas de campaña de Javier Milei era eliminar la coparticipación y, “si bien no quedaba en claro cuál era su plan, quedó a las claras que implica violar el pacto federal que existe”. Y, tal como se dijo: el conflicto en el Interior y la Nación que recuerda a épocas muy feas de la Argentina, de hace siglos atrás.

En un tono similar, Flores apunta que “es una locura entrar en esa lógica realmente”. El experto en cuentas públicas aclara que, todo sistema de distribución genera inequidades y que siempre va a haber alguien con derecho a quejarse”.

Pone como ejemplo el hecho de que la ciudad de Buenos Aires es la que menos recursos recibe en relación a lo que aporta en materia fiscal (no en generación de dólares, como se detalló), pero hay que tener en cuenta que tiene cedes de empresas que operan en todo el país�y recibe impuestos porque su cede central está allí. “Por lo tanto, también recibe impuestos por lo que generan las provincias”, detalla.

Una solución posible para el conflicto con las provincias

Según su visión, lo que habría que preguntarse es hacia dónde queremos ir. “Si lo que se quiere es que haya mayor responsabilidad fiscal de las provincias, hay que plantear medidas para eso. Se puede sancionar leyes de responsabilidad fiscal, cortar el endeudamiento con el Gobierno Nacional, etcétera. Pero, plantear que las provincias viven de lo que genera la nación no tiene asidero”, opina Flores.

Flores reconoce que es cierto que hay superposición de funciones entre nación y provincias, pero que el debate actual se está haciendo sin ningún análisis de eficiencia del gasto ni de superposición de funciones. “Se apela al recorte para lograr un superávit, que implica, a la vez, dejar deudas por todos lados e incumplimiento de obligaciones legales”, dice.

Y considera que una posibilidad es que, si hay provincias que prácticamente no generen recursos propios, se podría plantear una manera de ir revirtiendo esa situación, premiando a aquellas provincias que vayan generando recursos propios.

“Lo que habría que rediscutir, en todo caso, es qué funciones tienen que tomar el estado nacional, las provincias y los municipios y cómo se van a financiar”, sugiere Flores. Pero advierte que “discutir todo sin propuesta alternativa lo único que hace es poner en discusión la base del funcionamiento del sistema argentino, que es el federalismo”.