Expropiación de La Superiora: Un Proceso Controversial con Repercusiones Millonarias
Este proceso, iniciado en 2012, ha pasado por múltiples evaluaciones y apelaciones, aumentando significativamente el costo estimado de la expropiación. Aquí se detalla el recorrido y los actores involucrados en esta polémica.
La expropiación del complejo La Superiora, un antiguo predio destinado a convertirse en un centro cultural y deportivo para la Municipalidad de Rawson, ha generado un escándalo significativo debido al exorbitante monto que el municipio debe pagar.
En 2012, bajo la gestión del intendente Juan Carlos Gioja, la Municipalidad de Rawson decidió expropiar el predio de la exbodega La Superiora. Inicialmente, el Tribunal de Tasaciones de la provincia valoró el predio en $5.800.000. Sin embargo, la empresa Cuyo Inversores S.A., presidida por el empresario Matías Pallito, no estuvo conforme con esta tasación y recurrió a la justicia. Este proceso judicial se inició en el juzgado Contencioso Administrativo mientras la municipalidad depositaba el monto inicial y transfería el título de propiedad por sentencia anticipada.
En 2017, una nueva tasación aumentó el valor del inmueble a $6.822.400, decisión avalada por la jueza Adriana Tettamanti. Ambos, el municipio y Cuyo Inversores, apelaron esta decisión, llevando el caso a la Cámara de Apelaciones y posteriormente a la Corte de Justicia de San Juan.
En 2023, la Corte confirmó la necesidad de una nueva tasación, citando el artículo 20 bis de la ley 1.790, que exige valorar el inmueble a su costo real y actual. Esta nueva tasación, realizada por el Tribunal de Tasaciones, fijó el valor en $1.474.700.200, transformando el 15% que adeudaba el municipio en $371 millones. Esta tasación, no impugnada por la gestión anterior de Rubén García, desató críticas y alarmas en la nueva administración.
El intendente actual, Carlos Munisaga, expresó su indignación ante el monto exorbitante, calificándolo de «escandaloso» y «una locura». Munisaga y su equipo buscan impugnar la tasación de 2023 y consideran que esta se realizó incorrectamente, argumentando que no se citó a los consultores técnicos y que se utilizó el valor del dólar blue en lugar del oficial para las referencias.
El ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, defendió la aplicación de la nueva ley de 2018, aclarando que la Corte no modificó criterios anteriores sino que aplicó la normativa vigente, la cual exige tasar los inmuebles a su valor real y actual en procesos no consolidados.
La gestión de Munisaga apunta a impugnar la tasación de 2023 y se establecerá una Comisión Evaluadora en el Concejo Deliberante para investigar posibles irregularidades en el proceso. De comprobarse los errores en la tasación, esta podría ser anulada o descalificada, lo que podría reducir significativamente el monto a pagar por el municipio.
Este caso sigue siendo un tema de gran relevancia y controversia en San Juan, reflejando las complejidades y repercusiones de los procesos de expropiación y las evaluaciones de inmuebles en un contexto de fluctuaciones económicas.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.