Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del intercambio de información de inteligencia financiera con el resto de los países del mundo.

Santiago Caputo, el asesor todopoderoso del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia, prevención del lavado de dinero, profesor de la Universidad Austral. Según dijeron a LA NACION fuentes del Gobierno, el funcionario planteó su dimisión, la que aún no fue aceptada.

Allegados a Caputo dijeron a LA NACION que él no había mandado pedir la renuncia del funcionario, sino que Tessio se había alejado por “razones personales”, que esas fuentes relacionan con que el salario estatal de los funcionarios es varias veces menor a lo que percibirían en la actividad privada.

De todos modos, la ley de la UIF es clara al mencionar que si un funcionario del organismo deja el cargo, por dos años no puede asesorar a quienes son los sujetos obligados a reportar maniobras sospechosas, con lo que si ese fue el motivo del alejamiento, equivaldría a que como abogado Tessio se obligó a dejar de asesorar empresas en compliance�y lavado, y dedicarse, de mínima, a otras ramas del derecho, como divorcios o asuntos laborales.

En estos momentos, la Argentina está siendo evaluada en el GAFI�(Grupo de Acción Financiera Internacional). En marzo, el equipo evaluador, integrado por representantes designados por seis diferentes países miembros del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del Gafilat, visitó la Argentina durante 20 días para elaborar un informe.

El país debe mantener un estatus legal y de eficacia en los procedimientos que lo deje fuera de la lista gris de organismo, pues de lo contrario se vería afectada su credibilidad y sus finanzas. Una decisión del Poder Ejecutivo, tomada por un asesor del Presidente, mina la idea de autonomía que como organismo técnico, no político, debe tener la UIF para ser confiable de cara a sus colegas.

El pedido de renuncia de Tessio llegó luego de que la UIF se presentara como parte querellante en la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici.

Si bien no hay ningún dato específico que conecte el caso Insaurralde y el pedido de renuncia, fuentes oficiales señalaron a LA NACION que Caputo le pidió explicaciones a las UIF por la presentación que hizo el organismo ante el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora.

La UIF fue admitida como querellante, es decir, como víctima, en la causa. La decisión la tomó Kreplak�ante la solicitud de la UIF, que dirige Ignacio Yacobucci. El organismo es autónomo y autárquico por ley, pero funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y depende del Poder Ejecutivo.

La presentación como querellante se dio en momentos en que el juez Kreplak debía decidir si se quedaba con la causa en el fuero federal o si la enviaba a la justicia provincial de Lomas de Zamora, donde Insaurralde tiene influencias sobre los magistrados del distrito donde gobernó.

Kreplak finalmente decidió quedarse con la causa, al entender que era prematuro decir que no se estaba tras un delito federal como el lavado de dinero. Ahora, con la UIF como querellante, la postura del fiscal Sergio Mola puede verse reforzada en el expediente.

“La hipótesis de investigación que se sigue en estos actuados podría dar cuenta de la posible comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervención de la Unidad de Información Financiera”, escribió el juez. Y, por eso, entendió que “se encuentran cumplidas las exigencias para dar intervención a la Unidad de Información Financiera como parte querellante en este proceso”.

Los cuestionamientos habrían surgido porque, en un principio, el gobierno de Javier Milei había anunciado que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la UIF no iban a presentarse más como querellantes en causas penales, como sí lo hicieron los funcionarios que comandaron ambos organismos durante la gestión de Mauricio Macri. Con el regreso del kirchnerismo, esos organismos se retiraron de la querellas.

Sin embargo, tras este anuncio, Alejandro Melik, titular de la OA, dijo que se iban a mantener como querellantes en los casos donde se justificara por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.

Se habló de tener un principio objetivo de racionalidad, basado en criterios de repercusión institucional, social y económica en casa caso. La medida también alcanzaba a la UIF, que iba a manejarse con los mismos criterios, según se anunció en ese momento.

El pedido de explicaciones de Caputo y el pedido de renuncia generó desconcierto en un organismo que tiene facultades para querellar y que tiene autonomía, más allá de su dependencia funcional.

La autonomía es uno de los requisitos que hace que la UIF sea confiable ante sus pares de otros países, que solo intercambian información financiera sensible de sospechosos cuando hay garantías de que la gestión de los datos será profesional y que no serán usados ni para tomarse revancha ni para proteger políticamente a nadie.

En lo que va de esta gestión, la UIF puede exhibir decomisos por dos millones de dólares en efectivo, 20 propiedades y más de 25 autos de alta gama, que buscan ser rematados para que el dinero sea aplicado a la prevención del lavado de dinero.