Capital Humano apeló al fallo de la Justicia que exige un informe sobre la entrega de alimentos

por Lola Vargas en miércoles 24 de julio de 2024

El juez Martín Cormick le había dado un plazo de 48 horas a la cartera de Sandra Pettovello para que detallara cómo se está llevando a cabo la distribución de los bienes depositados en Villa Martelli y Tafí Viejo.

Sandra Pettovello, misnitra de Capital Humano.

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El Ministerio de Capital Humano apeló hoy al fallo del juez de Martín Cormick que había exigido un informe que detallara cómo iba a garantizar el Gobierno la entrega de alimentos depositados a los comedores, en un plazo de 48 horas.

Se trata de un cargamento de casi seis millones de kilos de alimentos que están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.

Desde el Gobierno señalan que la decisión judicial obedece al pedido del dirigente social Juan Grabois y es por ello que apelaron.

En primera instancia, la cartera dirigida por Sandra Pettovello también había apelado al fallo de Sebastián Casanelo, que ordenaba la entrega de los alimentos depositados. En aquella oportunidad, consideraron que el magistrado «violó la Constitución Nacional» al «entrometerse» en una política pública del Gobierno nacional.

La Justicia insiste al Gobierno para que entregue los alimentos depositados

Por su parte, desde la Justicia, habían insistido ayer con el pedido de informe y señalaron: «La causa comprende el análisis de una medida que pretende garantizar los derechos a la alimentación, a la vida, a la salud y al desarrollo holístico«.

La mercadería debe ser distribuida entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja el Ministerio.

«Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intimese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución», señaló el fallo judicial.

Esta presentación refiere a la medida cautelar que había emitido el juez Walter Lara Correa, haciendo lugar al recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.