A su vez, el mismo RIGI�fue el que dio lugar a otra inversión que venía anunciándose durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que no pudo concretarse por factores que en las empresas vinculaban al entorno macroeconómico y cambiario nacional. Se trata de la minera canadiense Lundin que junto a la británico-australiana BHP, dos líderes en explotación de cobre, adquirirán el yacimiento binacional Filo del Sol y el 50% del proyecto Josemaría, que demandarán una inversión total de u$s10.000 millones en la región.

Dentro de los capítulos clave que restan reglamentar, también se encuentran las privatizaciones de empresas que ingresaron en la ley Bases, lideradas por Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio; y las sujetas a privatización y/o concesión como Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.�En cuanto a este punto, el ex presidente Mauricio Macri pidió este jueves que se «acelere» el proceso.

Desregulación económica

Desde su llegada a la cartera, que se creó pura y exclusivamente para su labor en el Estado, Federico Sturzenegger trabaja a diario para desregular la economía y transformar el Estado. Desde el 5 de julio realizó varios cambios, entre los que se destacan la desregulación aerocomercial, con el fin de generar mayor competencia y la posibilidad de que puedan incorporarse nuevas empresas del sector.

También amplió el uso de warrants, que implica la tokenización de productos para así generar mayor cantidad de créditos en el sector privado con una menor tasa. Esto implica, dar a modo de garantía de un crédito un producto, como por ejemplo el vino que ya tienen producidos las empresas. En caso de que no se cumpla con el pago del préstamo, la entidad puede capturar ese producto.

Otro de los cambios que se realizaron en los últimos días fue la desregulación de los seguros, al dar e baja el pedido de autorización para realizar nuevas prestaciones por parte de las aseguradoras. Es decir que, hasta el momento las empresas tenían que pedir una autorización para lanzar productos y ahora pueden hacerlo sin el visto bueno de la Superintendencia de Seguros.

Cambios en el empleo público

En cuanto a transformación del Estado�el ojo está puesto en el empleo público, una de las obsesiones del ex titular del Central. Su idea es que se termine con los «ñoquis» y se achique la planta estatal. Para ello, implementará tres ejes principales: uno ya muy anunciado, que tiene que ver con un examen de ingreso; otro que presentan como «mejoras en el régimen de disponibilidad», que implica continuar cubriendo el salario de trabajadores estatales que pasen al sector privado; y un tercero que cambia el régimen de adscripciones.

«El examen de ingreso será objetivo, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, para evitar la manipulación política», señalaron desde la cartera. A la llegada de Federico Sturzenegger al ministerio ya se había planteado este cambio, al que el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, respondió duramente, al afirmar que arrancó con una «burrada», ya que esto «existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”, afirmó el sindicalista.

Respecto a las mejoras del régimen de disponibilidad, se analizan facilidades para que el sector privado tome personal estatal en disponibilidad. Para ello, plantean que los empleados puedan optar entre recibir su salario por un período de hasta 12 meses o si pasan a trabajar a una empresa privada, se le transfiere ese dinero a la empresa para que cobre ese salario más lo que le pague la propia empresa.

“Cuando se fusionan o se reestructuran organismos, a la gente que está bajo el régimen de disponibilidad se le protege el salario durante ese período y después se le da una indemnización”, precisó días atrás el ministro en declaraciones radiales.

Y finalmente, sobre el cambio en el régimen de adscripciones se enfocaría en que Nación deje de proveer el salario a quienes pasen a desempeñarse en otra jurisdicción y que, en su lugar, quede a cargo del estamento gubernamental en el que trabajen. Hasta el momento, según fuentes de la cartera, el Gobierno le seguía pagando el sueldo al empleado que pasaba a trabajar para una provincia, un municipio u otro poder del Estado nacional.

La agenda legislativa de Federico Sturzenegger, como ya lo comentó al asumir, apunta a trabajar sobre “leyes obsoletas que representan riesgos o trabas a la libertad económica”. En esa línea, el propio Javier Milei ya había adelantado que se enviaría una “ley hojarasca” al Congreso, que definió como «un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico».

Como si fuera poco, el ministro también está avanzando junto a su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la reglamentación del capítulo laboral. Sin la presencia de la CGT, ya que el sindicalismo pidió discutir la parte referida a las modalidades de contratación, así como también las sanciones a las protestas y la suba del mínimo no imponible de Ganancias.