El régimen de Venezuela prohibió la defensa privada y acusa de terrorismo a los detenidos en las protestas contra el fraude de Maduro

Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela�y varias ONG denunciaron este jueves que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.

El ente electoral le otorgó la victoria al dictador caribeño, por 704.114 votos de diferencia sobre Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, cuando faltaban más de dos millones de votos por computar, cuyo destinatario o destinatarios todavía se desconoce cinco días después, y con el sistema de conteo bajo un “ataque cibernético”, según la institución chavista

A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando “en tribunales de terrorismo” y sin el acceso a una defensa con abogados privados.

Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró “más de 250 personas detenidas”, de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos “672 reportes de denuncias de familiares” desde el pasado lunes hasta la mañana de este jueves.

Según Migliorini, unas “75 personas” fueron trasladadas este miércoles a la cárcel Yare III, en el estado Miranda (centro), aunque hay reportes de traslados a otros penitenciarios que no han podido confirmar.

Varios familiares de los arrestados se negaron a dar declaraciones “por la seguridad” de los detenidos, “por temor” a que los vayan “a buscar a la casa” y porque “tienen prohibido dar información”.

Otros, bajo condición de anonimato, dijeron que sus allegados fueron capturados�cuando se encontraban en su casa, “caminando” o “regresando del trabajo”, mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.

Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.

“Exigimos a las autoridades que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos”, pidió Daniels.

Asimismo, denunció que los detenidos están recibiendo “acusaciones genéricas” y “no individualizadas”, un “patrón” que ya “ocurrió” en las protestas de 2014 y 2017.

“A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas”, mencionó el activista.

Este miércoles, Maduro informó que más de 1.200 personas han sido apresadas, una cifra que supera la información previa dada por la Fiscalía, que cifró en 1.062 las detenciones.

Nicolás Maduro prometió este jueves aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.

Maduro, quien sostiene que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.

“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país