La dictadura cubana condenó a 15 menores por sedición con una pena media de cinco años de cárcel y ya suman 28 los sentenciados

La ONG Prisoners Defenders informó que aumentó la cifra de presos políticos en Cuba en el marco del tercer aniversario del 11J, las masivas protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

En su balance correspondiente a julio, la organización detalló que el número de personas privadas de su libertad por motivos políticos ascendió a 1.119, tres más que en el mes anterior. “En el aniversario del 11J, la miseria, la represión de la totalidad del pueblo, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos, todos ellos torturados de las formas más viles posibles en prisión y sin de atención médica o alimentación adecuada, entre otras desgracias, describen la realidad cubana actual”, subrayó el reporte.

En comunicación con Infobae, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, amplió los datos revelados en el informe: “30 de estos 1.119 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores y siguen estando en la lista. Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y dos siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna”, explicó; al tiempo que resaltó: “15 de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de cinco años de prisión”.

Luego sostuvo que ”119 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, sufren condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans están encarceladas entre hombres”, denunció.

Respecto al estado de salud de los presos políticos, indicó que 324 padecen patologías médicas graves y no reciben tratamiento médico. “Hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada”, describió.

El informe hizo hincapié en que el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla el mes pasado.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en julio, mes en el que se conmemoraron tres años de las masivas protestas que sacudieron a la isla.

En su último informe, ICLEP aseguró que “desde los días previos al 11 de julio, el régimen cubano emprendió una fuerte escalada represiva contra periodistas y activistas, utilizando sus habituales métodos coercitivos para silenciar las voces de los ciudadanos e impedir que el recordatorio de esta fecha sirviera para demostrar que el pueblo sigue teniendo las mismas razones para lanzarse a las calles en legítima protesta como lo hiciera en 2021″.

A los cortes de internet y vigilancia, se sumaron las citaciones de los periodistas de los medios independientes miembros de ICLEP: Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, citados el 11 de julio, todos a la misma hora en sus diferentes localidades, donde fueron interrogados y amenazados por la policía política para que no reportaran ningún incidente ese día, remarcó el informe.

Y continuó: “El 5 de julio, el periodista José Luis Tan Estrada fue detenido, interrogado y advertido de que el 11 debía abstenerse de hacer cualquier publicación en sus redes sociales. El reportero también tiene prohibido asistir a lugares públicos bajo amenaza de ir preso por desobediencia y desacato”, informó el diario 14ymedio, citado en el escrito de Prisoners Defenders.

En tanto, el 11 de julio la Seguridad del Estado estableció un cerco policial alrededor del domicilio de la periodista de Cubanet y corresponsal de ABC Camila Acosta. “Durante tres días, dos hombres y dos mujeres policías la vigilaron desde los bajos de su casa”, detalló la ONG.

Otro caso que mencionó fue el del periodista independiente y ex preso político del 11J Carlos Michael Morales Rodríguez, quien recibió “una condena arbitraria y fabricada de ocho meses de prisión domiciliaria”.

El reporte hizo referencia al caso del activista y preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quien fue detenido arbitrariamente el pasado 20 de junio en La Habana y enviado directamente a prisión.

“El 15 de julio fue sentenciado a dos años de prisión tras ser acusado con formas y fondos falsarios y violatorios de todo derecho, de los delitos de ‘resistencia’ y ‘desacato’. A Mario Alberto lo detuvieron violentamente el 23 de febrero de 2023 en la puerta de su casa. Sin orden de detención ni causa conocida, fue trasladado a la 6ta Unidad de la PNR de Marianao y posteriormente enviado a la prisión de Valle Grande, acusado de ‘resistencia’. El activista ha sufrido al menos 10 detenciones desde su excarcelación en enero de 2024”, recordó la ONG.

Y siguió: “Ya en 2014 Mario Alberto fue recluido sin tutela judicial en la prisión de Valle Grande, siendo excarcelado en enero de 2015, como parte de los 53 presos políticos puestos en libertad tras el acuerdo entre EEUU y Cuba. 10 meses más tarde el régimen volvió a encarcelarlo, condenado de nuevo de forma arbitraria a tres años de privación de libertad por organizar manifestaciones pacíficas. De nuevo fue excarcelado, no ‘puesto en libertad’, pues libertad es lo que no existe en Cuba, y mucho menos en el ámbito del activismo de derechos humanos, el 9 de diciembre del 2017″.

“Actualmente, Mario Alberto está sufriendo todo tipo de golpizas y otros tipos de torturas y maltratos”, denunció la organización.

Prisoners Defenders dedicó un apartado de su informe para referirse al concepto de “puerta giratoria”.

“Una vez más queda probado en el caso de Mario Alberto Hernández Leyva, como en el caso de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos excarcelados que no se han sometido al régimen o que han salido del país para no poder volver, tal y como venimos constatando por más de seis décadas, el uso recurrente de la perversa ‘puerta giratoria’ que ejercen dictaduras tiránicas contra los presos políticos”, indicó la ONG.

Y lo explicó: “Este término, acertadamente acuñado por el Foro Penal de Venezuela, organización hermana que hace un trabajo encomiable desde hace años en Venezuela, y en estos días muy especialmente apreciado, define cómo estos tiranos negocian con los mismos activos, esto es, seres humanos inocentes encarcelados y torturados, y los “venden” una, dos, y muchas veces, a políticos de otra nación que a su vez, bien por incautos e inocentes, o bien oportunistas, poco reflexivos o incluso sin escrúpulos, venden a sus votantes como grandes éxitos los frutos de este comercio sobre supuestas ‘liberaciones’ de nacionales de otro país. Al cabo de meses, aquellos de estos que vuelven a querer ejercitar sus derechos fundamentales, vuelven a ser detenidos, torturados, y entrar en prisión”.

“Al igual que ocurre con los medicamentos, estas estrategias de negociación son muy delicadas y en muchos casos es completamente contraindicado aplicarlas sin ser consciente de los efectos secundarios sobre la población afectada por ellas. Primero, porque no son liberaciones, sino excarcelaciones momentáneas en la mayoría de los casos, pero, segundo y más grave, porque si no se conducen con una visión global profunda y exenta de oportunismo, característica esta última que es una verdadera pandemia entre los políticos, permiten la perpetuación de la tiranía, lo cual afecta a muchos millones de personas de forma negativa, pudiendo llegar a afectar al propio país del político negociador, como está pasando con el efecto para los ciudadanos de la Unión Europea por la guerra de Ucrania, en la que el régimen de Cuba (legitimado por casi una década por la Unión) y su influencia en los medios de prensa de numerosos países, están siendo clave para, por un lado, trasladar la narrativa rusa en buena parte del mundo, haciendo inviable el nivel de condena internacional que esa guerra criminal requiere, perpetuando las limitaciones a una salida y, por otro, apoyar militarmente a Rusia en el frente”, completó Prisoners Defenders.