En la previa a la marcha, el Gobierno insistió en controlar los gastos de las universidades

El Gobierno�volvió a reclamar que las universidades�se sometan a auditorías�para controlar el uso de los fondos en la antesala de la marcha en rechazo�al anunciado veto�de Javier Milei�a la Ley de Financiamiento Universitario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó este martes que “el ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de docentes y no docentes; se ofreció un incremento salarial del 6,8% por encima de la inflación, se ancló el salario docente con los de la administración pública para que cobren en tiempo y forma y hubo incrementos en gastos de funcionamiento”.

“Los recursos se enviaron; lo que falta saber es en qué se usaron”, señaló, en conferencia de prensa desde Casa Rosada. E insistió con el reclamo para que las universidades rindan cuentas: “En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. La Auditoría General de la Nación tiene seis informes en proceso y solo tres aprobados. Esta falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados; por eso el Gobierno avanzó con la SIGEN�para llevar adelante la auditoría”.

El portavoz de Javier Milei procedió a mencionar “algunos datos que ameritan ser parte del debate”. “Del total de 1.749.136 estudiantes registrados en 2022, el último dato conocido, solo el 40,6%, 710.466, es alumno regular. El 20% tenía una única materia aprobada o ninguna. Y hay un llamativo 38,4% de alumnos sobre los cuales no se tiene información. Son 671.372 que no se sabe a ciencia cierta si van a clase o si no lo hacen”, advirtió.

“También hay casos particulares bastante peculiares y escandalosos, como el del instituto de las Madres de Plaza de Mayo, que recibía 1500 millones de pesos durante la anterior gestión y solo tuvo 16 egresados. Una pequeña división permite entender que el costo por egresado es astronómico. El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros; otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir. Y no es justo que una familia bajo la línea de la pobreza subsidie a los solo van a hacer política a las universidades”, sumó.

En la previa de la marcha universitaria, Adorni aseguró que el Gobierno “no está en contra del reclamo, sino en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada”.

“Básicamente son proyectos no pueden financiarse. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otro. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga el equilibrio fiscal, jamás vamos a tener ningún inconveniente; por eso todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que pueden ser válidos o genuinos. Señores, necesitamos saber cuáles son las partidas que piensan recortar para otorgar estos aumentos”, agregó.

Y cerró: “Entendemos que la universidad pública funciona hace décadas con severos problemas, desde edilicios hasta profesores que no cobran o cobran mal por su trabajo; y en algunos casos ni siquiera hay productos de higiene básica en los baños. Incluso hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace más de 30 años, con todo lo que esto implica. La intención de este gobierno es de mejorar la situación de las universidades públicas. Va a llevar años de trabajo”.

Fuente: TN

Por: Graciela Herrera