Régimen de Reparación Federal: qué provincias buscan ingresar y qué deudas le reclaman al Gobierno
Gobernadores aliados y opositores se muestran dispuestos a dialogar, pero advierten por los límites de eventuales acuerdos. Tierras fiscales, obras y hasta empresas, en la mira de los distritos.
Qué gobernadores tienen interés en el nuevo Régimen
Si bien todavía prima la cautela y los gobernadores observan con lupa la letra chica, algunos tomaron la iniciativa y ya expresaron su deseo de participar en el Régimen. Es el caso, por ejemplo, de Mendoza. «Tenemos voluntad de participar. Comenzaremos el proceso administrativo por el cual Nación produce el informe técnico jurídico sobre la verosimilitud de las obligaciones que tiene contra la provincia y lo propio haremos nosotros», explicó el ministro de Hacienda y Finanzas local, Victor Fayad.
La gestión mendocina, además, recordó que actualmente mantiene un reclamo ante la Justicia por las regalías hidroeléctricas mal liquidadas y que pedirá que puedan entrar al Régimen.
Como contó Ámbito, el Gobierno les había comunicado primeramente la iniciativa a los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), durante una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. En ese encuentro, se les pidió realizar un cálculo de la deuda total que tiene la Nación con sus distritos, números que se cruzarán con la estimación del Gobierno, y efectuar un relevamiento de las propiedades que tiene la Nación en sus provincias.
En esa línea, Sáenz y Jalil ya la hicieron saber al oficialismo su interés en administrar el Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, firma ferroviaria de la que Nación busca desprenderse y que representa un valor estratégico para las economías regionales de esas provincias. Vale recordar que ambos, junto a Jaldo y al misionero Hugo Passalacqua, fueron agasajados por el Presidente con un asado en la Quinta de Olivos.
«La idea no es que las provincias vayan a hacer inversiones en infraestructura y pongan plata para la locomotora y para los vagones. Lo que plantean los gobernadores es tener las provincias la potestad sobre la infraestructura ferroviaria y a partir de eso, ser nosotros los que organicemos el mejor funcionamiento del tren», explicó semanas atrás el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable salteño, Martín De los Ríos.
En tierras cordobesas, en tanto, la administración Martín Llaryora avanza con pie de plomo y pone el eje en la letra chica del Régimen de Reparación Federal. Ante la consulta de este medio, en la provincia anticiparon que se sentarán a conversar. «Hay que ver bien qué ofrecen, en cuánto se valoriza. Hay muchos detalles para charlar», comentaron a Ámbito. No obstante, ya anticiparon que la deuda que Nación mantiene con la caja previsional de Córdoba no ingresará en un eventual acuerdo. «Son fondos que nos corresponden por ley», aclararon.
Por fuera del peronismo opositor, el mediterráneo es uno de los mandatarios dialoguistas que todavía no fueron convocados a la Casa Rosada, en el marco de las reuniones que el propio Milei encabezó con jefes provinciales. Ese llamado podría llegar en las próximos días, según averiguó Ámbito.
El reclamo por fondos previsionales |es agitado por Llaryora junto a sus pares de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En principio, la gestión santafesina no vio con malos ojos la puesta en marcha del Régimen. En particular, le interesa poder hacerse cargo de algunas rutas, teniendo en cuenta la importancia de su mantenimiento para acceder a los puertos de la Hidrovía. También podrían entrar algunas tierras fiscales de gran valor, ubicadas en Rosario.
Para lograr un acuerdo de ese tipo, debería intervenir también el Concejo Deliberante Local. Por eso, serán negociaciones de gran complejidad, donde participarán. «Hay mucho por hablar», dijeron a este medio, anticipando un proceso largo y con múltiples voces. De momento, evalúan un diálogo complejo.
Similar escenario ve Frigerio. En Paraná daban cuenta de que interesa participar de la iniciativa, pero que hay deudas que deberían resolverse por fuera. Esta semana, por caso, Entre Ríos inició una nueva demanda ante la Corte Suprema contra Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa Salto Grande. Particularmente, exige un retroactivo de u$s175 millones.
El objetivo, afirmaron, es «recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande» y, al mismo tiempo, modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales».
Mensaje de un peronista opositor
Por fuera de los mandatarios aliados, causó sorpresa la intención del peronista Sergio Ziliotto (La Pampa), uno de los más beligerantes con el presidente Javier Milei. A través de un comunicado, el gobierno pampeano manifestó «la decisión de la Provincia de acceder al Régimen previsto por el Gobierno nacional a fin de facilitar el proceso de validación de las acreencias de nuestra provincia».
En el texto, se le reclamó a la Casa Rosada que se dé “prioridad y actúe con celeridad” al trámite, para evitar que se incremente el impacto negativo en las finanzas provinciales, ante la magnitud de la deuda acumulada. «El Gobierno provincial remitirá de manera inmediata la documentación requerida por el decreto donde constan las deudas que Nación mantiene con La Pampa», señalaron.
Por último, el documento asegura que la decisión de sumarse al Régimen «va en línea con los reclamos extrajudiciales y judiciales que La Pampa ha interpuesto ante los incumplimientos en los que ha incurrido el Estado Nacional hasta la fecha». Sin embargo, en Santa Rosa precisaron a Ámbito que es apenas el principio. «Vamos a escuchar que proponen y ver si es posible dialogar y consensuar algo», comentaron.
Más allá de los reclamos particulares de cada provincia, algunos de los pedidos transversales a todas son la obra pública, los subsidios al transporte, la merma en fondos -previsionales y educativos, a la cabeza- y la merma en la Coparticipación Federal. Al respecto, los gobernadores siguen exigiéndole a Nación que se coparticipe el Impuesto a los Combustibles.
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