Mediante un fallo, este jueves 21 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión perpetua en Argentina. La decisión, tomado por mayoría, establece que los condenados a perpetua tienen derecho a la posibilidad de rehabilitación, lo cual implica que no deben estar sujetos a una condena irrevocable que les niegue cualquier oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se apoyaron en el «derecho a la esperanza», que consideran esencial para la dignidad humana y la posibilidad de reinserción social, mientras que Ricardo Lorenzetti no acompañó la resolución.
Esta sentencia tiene un impacto significativo en el sistema penal argentino, ya que modifica el alcance del artículo 14, inciso 1° del Código Penal, que hasta ahora prohibía a los condenados por ciertos delitos graves acceder a la libertad condicional. En consecuencia, aquellos condenados a prisión perpetua ya no estarán sujetos a una pena de carácter «irrevocable», ya que podrán solicitar una revisión de su situación y eventualmente acceder a la libertad condicional, independientemente de la gravedad del crimen cometido.
El caso que originó este fallo fue el de Sebastián Alejandro Guerra, quien en 2012 asesinó a la policía María Luján Campilongo e hirió a su pareja, Diego Hernán Ghiglione, en un tiroteo ocurrido cuando la pareja de policías regresaba a su seccional. Guerra fue condenado en 2014 a prisión perpetua por homicidio y robo con armas, tras un juicio en el que se le atribuyó responsabilidad en una serie de delitos graves. A pesar de la gravedad de su crimen, la Corte argumentó que su condena perpetua vulneraba el principio de rehabilitación y reinserción, garantizado por la Constitución.
Este fallo abre un nuevo debate sobre el sistema penal y la ejecución de las penas en el país, ya que resalta la tensión entre la justicia punitiva y los derechos humanos. Si bien la decisión se basa en un principio de esperanza para los condenados, también genera controversia en torno a la protección de los derechos de las víctimas y la seguridad de la sociedad. La sentencia no solo modifica el tratamiento de los condenados a prisión perpetua, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la función de las penas en el proceso de rehabilitación y reintegración de los delincuentes.
La resolución de la Corte tiene repercusiones tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad, donde se espera un intenso debate sobre la eficacia y las implicaciones de este fallo en la Justicia Penal Argentina.
Fuente: LA NACIÓN
Por: Graciela Herrera
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