Nueva iniciativa: así será el cobro de servicios médicos a extranjeros no residentes

Esta medida, según las autoridades, busca frenar el uso indebido de recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema sanitario, promoviendo al mismo tiempo un mayor control sobre los ingresos de personas que no residen de manera permanente en el país.

El impacto en los servicios públicos y educativos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en conferencia de prensa que: «Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud determinarán las condiciones de acceso al sistema, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país».

Modificación del régimen migratorio

El proyecto de ley, que será enviado al Congreso, no solo afectará al sistema de salud, sino que también impulsará cambios en el régimen migratorio. Entre las modificaciones se incluye el fin de la gratuidad en la atención médica para extranjeros en hospitales públicos y la implementación de un arancel universitario para estudiantes extranjeros no residentes.

La medida también tiene como objetivo unificar políticas ya implementadas por algunas provincias como Salta, Mendoza y Santa Cruz, que han comenzado a cobrar por atención médica a extranjeros no residentes. El gobierno de Javier Milei busca ahora establecer un marco legal nacional que regule estas acciones.

Autonomía provincial y alineación nacional

Además, el proyecto de ley otorgaría mayor autonomía a las provincias para gestionar los recursos y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades locales, pero bajo lineamientos y criterios establecidos a nivel nacional.

Reacciones ante el proyecto de ley

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que la situación en su provincia es diferente, debido a que el porcentaje de atención a extranjeros es bajo. Sin embargo, desde el gobierno nacional sostienen que esta política es necesaria para prevenir abusos y garantizar un uso más responsable de los recursos públicos.                                                                                                                                                                                                                             POR LIC. EUGENIA VILA