La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó la prisión preventiva para el abogado penalista Gustavo de la Fuente y su socio colombiano, Jhon Sebastián Quevedo, acusados de explotar a al menos 21 mujeres en la venta de sexo virtual.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la prisión preventiva para Gustavo de la Fuente, abogado penalista, y su presunto socio, Jhon Sebastián Quevedo Medina, quienes enfrentan cargos por trata de personas. Los jueces Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Alberto Pizarro ratificaron la decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que había procesado a ambos acusados por explotar a 21 mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según la investigación, entre octubre de 2023 y julio de 2024, las mujeres fueron reclutadas para participar en la venta de sexo a través de cuatro sitios web. La fiscalía, encabezada por los fiscales Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, había solicitado el procesamiento y prisión preventiva de los acusados, tras confirmar que las víctimas fueron manipuladas con promesas de ganancias en dólares para luego ser obligadas a ofrecer servicios sexuales online.
El tribunal también trató el caso de Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez, venezolano acusado de tener un papel secundario en la red. A pesar de que la mayoría de los jueces consideraron que su participación no fue suficiente para ser considerado coautor de los delitos, se decidió otorgarle prisión domiciliaria con restricciones, como la obligación de mantener un domicilio fijo y someterse a las reglas de conducta impuestas por el tribunal.
Por otro lado, el juez camarista Gustavo Castiñeira de Dios votó en disidencia, argumentando que Rodríguez Martínez sí desempeñó un papel clave como «monitor» de las víctimas, y por ello debería ser procesado con los demás acusados.
La defensa de de la Fuente, liderada por el abogado Fernando Castro, había cuestionado la legalidad de la figura del testigo de identidad reservada utilizada en la investigación, así como algunos actos procesales. Sin embargo, solo tuvo éxito en su reclamo respecto al allanamiento en el estudio jurídico de su cliente, el cual deberá ser revisado por el juez local.
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