La ministra de Gobierno asegura que el 90% de los taxis operan sin habilitación vigente, mientras el sindicato lo niega rotundamente

En sus declaraciones, Palma afirmó que el 90% de los taxis y remises no cuentan con habilitación vigente, subrayando que muchos conductores no cumplen con requisitos esenciales como el monotributo, una condición indispensable para trabajar con el Estado. Según la ministra, a pesar de que se les ha otorgado una prórroga hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación, aquellos que no cumplan con los requisitos podrían perder sus licencias. La funcionaria indicó que el sector enfrenta una situación compleja, ya que muchos conductores mencionan dificultades económicas para pagar deudas o reparar sus vehículos.

Por su parte, Ferrari desmintió rotundamente las cifras y calificó de «mentira gravísima» las afirmaciones de Palma. En su intervención, el líder sindical aclaró que solo entre un 30% y un 40% de los vehículos presentan algunas irregularidades y que, en su mayoría, los taxis están habilitados. Además, acusó a la ministra de tener intenciones ocultas de habilitar plataformas extranjeras como Cabify, lo que representaría una competencia desleal para el sector local. Ferrari también criticó la falta de diálogo con el Gobierno, afirmando que solo fueron recibidos cuando asumieron y desde entonces no han tenido respuesta.

El conflicto refleja las tensiones entre la necesidad de regularizar el sector y la preocupación por una posible apertura del mercado a empresas extranjeras, lo que podría afectar negativamente a los trabajadores locales. La discusión pone en evidencia un punto álgido en las políticas de transporte, donde la modernización y la legalidad se cruzan con los intereses de los trabajadores.