El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que conmutará 37 de las 40 sentencias a la pena capital en el país este lunes, a menos de un mes de abandonar el cargo, sin modificar la condena en casos de terrorismo y crímenes de odio. Según el comunicado expedido por la Casa Blanca, todas las sentencias conmutadas se reclasificarán, convirtiéndose en cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Con esta decisión, el demócrata se convierte en el presidente con la mayor cantidad de conmutaciones emitidas sobre el final de su mandato.

Un presidente contra la pena de muerte

«He dedicado mi carrera a reducir los crímenes violentos y a garantizar un sistema de justicia justo y efectivo», afirmó Biden en el texto, donde aseguró que su objetivo es poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal, salvo en «casos de terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio«. El mandatario saliente siempre fue un firme opositor de la pena de muerte.

Al inicio de su mandato, en enero de 2021, su administración impuso una moratoria a las ejecuciones federales, una política que, con su medida reciente, impedirá que la administración de su sucesor, Donald Trump, «confirme las sentencias de ejecución que no se dictarían con la política y la práctica actuales». A principios de diciembre, Biden también otorgó un indulto histórico a aproximadamente 1500 personas, el máximo número de perdones otorgados en un solo día, quienes habían demostrado rehabilitación exitosa y un sobresaliente compromiso comunitario.

En el listado de los conmutados se encuentran personas en prisión domiciliaria durante la pandemia de covid-19, así como 39 indultos para condenados por delitos no violentos. Biden también fue el primer presidente en otorgar indultos a personas condenadas por el uso y posesión de marihuana, y a exmiembros de las Fuerzas Armadas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, condenados por conducta privada debido a su orientación sexual.

Hace poco el presidente saliente causó gran revuelo al conceder el indulto a su hijo Hunter, quien se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego, después de prometer que no lo perdonaría. La medida fue muy criticada en el país, especialmente por el partido republicano e incluso por algunos de sus colegas demócratas.

«Con la conciencia tranquila»

«Que nadie se equivoque: condeno a estos asesinos, lamento las víctimas de sus actos y me solidarizo con las familias que han sufrido pérdidas irreparables», dijo Biden este lunes, destacando que, guiado por su conciencia y experiencia como defensor público, está «más convencido que nunca» de que la pena de muerte debe ser abolida a nivel federal. «Con la conciencia tranquila, no puedo dar un paso atrás y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve», concluyó Biden.

Para muchos defensores de los derechos civiles, la decisión del mandatario demócrata es un paso importante hacia la abolición de la pena de muerte. «El presidente Biden ha tomado la medida más significativa de cualquier presidente en nuestra historia para abordar los daños inmorales e inconstitucionales de la pena capital», dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado. Martin Luther King III, hijo del icónico activista de derechos civiles Martin Luther King Jr., también celebró la decisión como un «día histórico».

Las excepciones al perdón

Entre los beneficiarios del perdón del mandatario demócrata figuran varios condenados por asesinatos vinculados a narcotráfico y ajustes de cuentas, pero hubo tres casos en los que no se extendió la conmutación: Dzhokhar Tsarnaev, uno de los responsables del atentado en la maratón de Boston en 2013, que dejó tres muertos y más de 260 heridos; Robert Bowers, quien asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018; y Dylann Roof, condenado por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en Carolina del Sur en 2015.

El mandatario enfrentó duras críticas por la decisión, particularmente por parte del gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, debido a la inclusión en las conmutaciones de un juez de Pensilvania condenado en 2011 por enviar niños a prisión a cambio de sobornos millonarios en el esquema conocido como «Cash for Kids» (Dinero por niños).

El partido republicano tiene una postura distinta frente a la pena capital. Durante su campaña electoral este año el presidente electo, Donald Trump, defendió el uso de la pena de muerte para castigar a migrantes que asesinen a ciudadanos estadounidenses y a traficantes de drogas y de personas.

En los últimos seis meses del primer mandato de Trump hubo 13 ejecuciones a nivel federal, más que cualquier otro presidente estadounidense en 120 años. La última se llevó a cabo mediante inyección letal en una prisión de Indiana, en enero de 2021, cuatro días antes de que Trump dejara la Casa Blanca.

Actualmente la pena de muerte está abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que en otros seis estados (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) rige una moratoria. La medida de Biden, sin embargo, no afecta a los estados que mantienen la pena capital a nivel estatal.