Caso Morales: la Justicia ampliará los cargos contra los policías detenidos por apremios ilegales
La Fiscalía los acusará también de falsificar documentos y privar ilegítimamente de la libertad al albañil de 36 años, quien sufrió una fractura de cráneo tras una brutal golpiza.

La investigación judicial contra los tres policías de la Comisaría 6ª de Rawson avanza con nuevas pruebas que agravan su situación. El oficial subayudante Cristian Aciar y los agentes Gabriel Mariño y Alejandro González enfrentarán en los próximos días una ampliación de cargos por su presunta participación en una brutal golpiza a un albañil, ocurrida el pasado 1 de julio.
Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, los efectivos no solo estarían implicados en los delitos de apremios ilegales y lesiones graves, sino que también habrían falsificado documentación oficial y privado ilegítimamente de la libertad a la víctima, Luis Morales, de 36 años, quien terminó internado con una fractura de cráneo y hemorragia interna.
Detalles del caso
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando Morales fue detenido sin causa legal mientras caminaba con un amigo que acababa de salir de la misma comisaría. Una vez en la seccional, se habría resistido a desnudarse como parte del protocolo, lo que habría desatado la violencia. Las cámaras de seguridad muestran una primera agresión en la antesala del calabozo. Luego, los uniformados lo trasladaron semidesnudo a un sector sin cámaras, donde recibió el golpe más grave.
Horas después, Morales comenzó a vomitar sangre. Recién entonces fue llevado al Hospital Rawson, donde fue operado de urgencia. Su amigo, liberado esa mañana, fue quien alertó a la familia de la víctima.
Pruebas y acusación agravada
Durante la investigación, la fiscalía recolectó evidencia fílmica clave y descubrió que los imputados habrían alterado el libro de actas para encubrir la detención, afirmando que Morales se lesionó en una gresca.
Actualmente, los tres policías están detenidos e imputados por:
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Vejaciones y apremios ilegales
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Lesiones graves agravadas por su condición de funcionarios públicos
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En breve, se les sumará falsificación de documento público y privación ilegítima de la libertad.
Además, se investiga si otros agentes de la dependencia sabían lo que ocurría y no intervinieron para frenar el ataque.
La audiencia de ampliación del objeto de la investigación penal preparatoria se realizará en los próximos días. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.
POR LIC. EUGENIA VILA


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