Viñateros celebran el fin del aporte obligatorio a Coviar y reclaman mayor regulación del INV
Respaldaron la medida nacional que elimina el cobro compulsivo y cuestionaron el fracaso del Plan Estratégico 2020. Piden reglas que garanticen una distribución más equitativa en la cadena vitivinícola.
La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan expresó su respaldo a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que elimina la facultad de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para cobrar de manera obligatoria aportes sobre la producción.
La medida pone fin al esquema que gravaba cada kilo de uva elaborado —ya sea para vino o mosto—, así como también al vino fraccionado, la uva pasa y la fruta. Desde el sector destacaron que se trata de un reclamo histórico de los productores independientes.
La entidad recordó que su rechazo a la Coviar fue sostenido durante años, al considerar que el organismo no logró garantizar la rentabilidad del productor primario. En ese sentido, señalaron que el prometido “derrame” del Plan Estratégico 2020 nunca se tradujo en mejoras concretas para la base de la actividad.
Al evaluar los resultados de ese plan, los viñateros fueron contundentes: aseguraron que ninguno de los objetivos se cumplió y que, por el contrario, los indicadores del sector empeoraron. Entre los puntos más críticos, mencionaron el fracaso en alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares e incluso la imposibilidad de sostener los niveles previos.
Según indicaron, el impacto fue profundo tanto en lo productivo como en lo social. Durante ese período, desapareció cerca de la mitad de los viñateros y un número similar de bodegas, lo que contradice la meta de evitar la exclusión y promover la integración en la cadena vitivinícola.
En este nuevo escenario, la Asociación planteó la necesidad de fortalecer el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El pedido apunta a recuperar funciones de control que, según sostienen, se fueron debilitando con el tiempo.
En particular, reclamaron mayor fiscalización sobre la genuinidad, calidad y propiedad del vino, así como también un rol más activo en la regulación del sector. Entre las medidas propuestas, incluyeron la intervención en la implantación de nuevos viñedos, la liberación de vinos al consumo y la fijación del grado alcohólico por zona.
El objetivo, concluyeron, es avanzar hacia un esquema que garantice una distribución más justa del ingreso entre todos los actores de la cadena vitivinícola.
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