San Juan respaldó la eliminación de aportes obligatorios a la COVIAR y se despegó de eventuales acciones judiciales

El Gobierno de San Juan expresó su respaldo a la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar los aportes obligatorios que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y dejó en claro que no acompañará eventuales acciones judiciales que busquen frenar la medida.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, encabezado por Gustavo Fernández, sostuvo que la decisión de avanzar hacia un esquema de aportes voluntarios permitirá “descomprimir fuertes debates” que atraviesan desde hace años a la industria vitivinícola.

“Consideramos que la voluntariedad de los aportes para el sostenimiento de la COVIAR ayudará a resolver fuertes debates dentro de la industria vitivinícola al respecto”, señalaron desde la cartera productiva.

El Gobierno sanjuanino también remarcó que la postura adoptada responde a un reclamo histórico de distintas cámaras empresarias del sector, que cuestionaban el sistema de financiamiento obligatorio vigente desde hace dos décadas.

En ese sentido, las autoridades provinciales fueron categóricas al despegarse de posibles presentaciones judiciales impulsadas desde el directorio de la entidad. “Frente a noticias y publicaciones erróneas, aclaramos que no acompañamos ninguna medida cautelar que pueda presentarse por decisión mayoritaria del directorio de COVIAR”, indicaron.

La decisión nacional fue oficializada el 5 de mayo mediante una disposición firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y difundida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La medida pone fin al esquema creado en 2004 a través de la Ley 25.849, que obligaba a bodegas y productores a realizar aportes por litro de vino elaborado o kilo de uva procesada para financiar la COVIAR y el Plan Estratégico Vitivinícola.

A partir de ahora, la entidad deberá sostenerse exclusivamente con aportes voluntarios de sus miembros, en el marco de un proceso de transición que tendrá un plazo de tres meses para su implementación.

Op: Juan Llarena