El desplome de Global Market: las claves detrás del fraude de los $4.000 millones que sacude a San Juan

Lo que comenzó como una atractiva promesa de rendimientos financieros en pleno centro sanjuanino ha derivado en el mayor escándalo económico de la provincia en el último tiempo. La caída de las firmas Global Market Valores, GMI Inversiones y EPYCHOST no solo deja un tendal de más de 45 damnificados, sino que pone bajo la lupa un sofisticado mecanismo de engaño que ya roza los $4.500 millones en pérdidas.

La definición del caso entró en una cuenta regresiva. El próximo martes a las 18:00 horas, tras un cuarto intermedio dictado en Tribunales, se sabrá si la estructura montada por los sospechosos —con Gustavo Omar Ahumada a la cabeza— será juzgada por el derecho penal ordinario o si pasa a las ligas mayores de la Justicia Federal por presunto lavado de activos.

La anatomía del engaño: ¿Cómo operaba la red?

A medida que el fiscal Nicolás Alvo (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) avanza en la recolección de pruebas, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal expone una maniobra de tres niveles:

• La “pantalla” de la CNV: Para captar capitales, los comercializadores exhibían supuestas auditorías y avales oficiales. Sin embargo, la propia Comisión Nacional de Valores (CNV) ya desmintió la validez de estas autorizaciones, confirmando que la firma GMI Inversiones operaba de manera marginal y sin licencia para el mercado bursátil.

• La trampa del perfil de riesgo: El perfil del inversor sanjuanino afectado era mayoritariamente conservador (personas que buscaban resguardar sus ahorros de la inflación sin correr grandes peligros). La Fiscalía comprobó que, de forma inconsulta, esos fondos eran direccionados a timbas financieras de altísimo riesgo.

• Vasos comunicantes: El dinero ingresado por la oficina de calle Mendoza Sur no se invertía en los destinos pactados, sino que era desviado para financiar y capitalizar empresas propias de los mismos directivos, configurando una presunta administración fraudulenta.

“El cierre repentino de las oficinas dejó en claro que no se trataba de una mala racha financiera, sino de un vaciamiento planificado”, señalan fuentes cercanas a la querella.

¿Por qué la causa debe ser Federal?

El pedido de la Fiscalía para desprenderse del caso y enviarlo a los tribunales federales responde a una necesidad técnica: el rastreo del dinero. Cuando un delito financiero incluye ramificaciones fuera de los límites provinciales y sospechas de blanqueo de capitales, la justicia local se queda sin herramientas.

De otorgarse el cambio de fuero el próximo martes, la investigación adquirirá una escala nacional, lo que reactivará el rastreo de cuentas bancarias y bienes no solo en San Juan, sino en otras jurisdicciones del país, en un intento desesperado de los damnificados por recuperar algo de su capital. Por el momento, y en medio del malestar de las víctimas, los acusados esperarán la resolución en libertad.

POR LIC. EUGENIA VILA