La Justicia avanza sobre el patrimonio de Adorni y el juez Lijo evalúa citarlo a indagatoria

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos y podría tener un giro clave en las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo analiza citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.

Según trascendió, el magistrado avanza sobre una de las líneas centrales del expediente: la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandío, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene seis contratos de coproducción con la TV Pública.

La Justicia intenta determinar si existieron transferencias de dinero de la empresa hacia Adorni antes de que desembarcara en la función pública y si esos vínculos tuvieron algún tipo de incidencia en la firma de acuerdos con el Estado.

Uno de los hechos que quedó bajo la lupa judicial es el viaje que el funcionario realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval. El traslado se concretó en un avión privado cuyo costo, según declaró públicamente Adorni, habría sido afrontado por él mismo. Sin embargo, las facturas incorporadas a la causa no figuran a su nombre.

De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el vuelo de regreso habría sido abonado por Grandío a través de un broker aéreo. Tanto el piloto de la aeronave como el intermediario Agustín Issin Hansen ratificaron ante la Justicia que la reserva y el pago fueron realizados por el productor televisivo.

Otra de las operaciones investigadas es la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La vivienda fue escriturada en noviembre pasado por 120 mil dólares y, según la pesquisa, posteriormente se realizaron refacciones por alrededor de 245 mil dólares, pagos que habrían sido efectuados en efectivo.

En ese contexto, Lijo ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran cruces telefónicos y análisis de geolocalización de los celulares de Adorni, Grandío y Horacio Silva para establecer si existieron contactos coincidentes con la adjudicación de contratos estatales.

Mientras se define la posible citación a indagatoria, la causa también registró un movimiento en el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Gerardo Pollicita, quien encabezaba la investigación, inició un período de licencia y fue reemplazado de manera transitoria por Franco Picardi, titular de la Fiscalía Federal N°5.

Picardi también interviene en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No obstante, fuentes judiciales aseguran que el cambio no alterará la orientación del expediente y que continuará la misma línea investigativa impulsada hasta ahora por el equipo de Pollicita.

La causa también pone bajo análisis el patrimonio integral del funcionario y su entorno familiar. La Justicia revisa movimientos de cuentas bancarias, inversiones, billeteras virtuales y gastos vinculados a propiedades y viajes realizados en los últimos años.

Según la reconstrucción parcial incorporada al expediente, se investigan 21 viajes a destinos como Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba, con gastos estimados en unos 41 mil dólares.

Además, los investigadores analizan operaciones inmobiliarias cercanas a los 400 mil dólares y deudas por aproximadamente 335 mil dólares que Adorni habría asumido el compromiso de cancelar antes de noviembre. Gran parte de esas operaciones, según consta en la causa, habrían sido realizadas en efectivo y en moneda estadounidense.