Alerta por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad: temen un “vaciamiento” tras el recorte de Nación

La reciente eliminación de las compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia generó una fuerte señal de alarma en San Juan. A través de la Resolución 28/2026, el Gobierno nacional dejó sin efecto el esquema de subsidios vigentes desde 2018. Ante esto, la directora de la Defensoría del Pueblo local, Florencia Peñaloza, advirtió sobre el riesgo de un “vaciamiento indirecto” del derecho a viajar gratis que tienen las personas con discapacidad.

Si bien la funcionaria aclaró que la Ley Nacional 22.431 sigue plenamente vigente y obliga a las compañías a entregar los boletos sin costo (tanto para el beneficiario como para su acompañante), la preocupación radica en los obstáculos operativos que puedan aparecer en las boleterías debido al descontento de las cámaras empresarias.

Las principales amenazas al sistema

Desde la Defensoría del Pueblo temen que, al no recibir la asistencia estatal, las empresas comiencen a implementar restricciones solapadas. Los puntos que se siguen con mayor atención son:

• Reducción arbitraria de cupos por colectivo.

• Trabas burocráticas y demoras excesivas en la emisión.

• Negativas injustificadas en los puntos de venta.

“Nuestra principal preocupación es que esta decisión termine generando un ‘vaciamiento’ del derecho en la práctica. Para provincias como San Juan, este beneficio es clave para familias que deben viajar por tratamientos médicos, derivaciones o rehabilitación”, explicó Peñaloza a Diario Huarpe.

Acciones legales y el rol clave de la CNRT

Aunque en San Juan todavía no se registraron denuncias formales por pasajes rechazados, la Defensoría del Pueblo ya se encuentra en estado de alerta y trabaja en conjunto con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Como primera medida, presentarán un pedido de informe urgente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que precise cómo fiscalizará a las empresas y qué sanciones aplicará a quienes incumplan la ley. Asimismo, desde el organismo local adelantaron que no descartan avanzar con acciones administrativas y judiciales para blindar un derecho que consideran una herramienta de integración social y de acceso básico a la salud.