Vallejos denunció una “persecución política” tras su imputación y cuestionó la actuación de la Fiscalía

Luego de que la Justicia formalizara una investigación en su contra por presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo y tenencia de un arma de fuego sin la debida autorización legal, Sergio Vallejos brindó una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones, cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal y atribuyó el proceso a una supuesta persecución política.

Durante sus declaraciones, el dirigente puso en duda la independencia de los fiscales y vinculó la causa con enfrentamientos políticos y judiciales que mantuvo en los últimos años.

“¿Quién nombró a los fiscales? ¿A quién responden? Fueron nombrados durante el gobierno de Sergio Uñac. Por eso no puedo dejar de ver una motivación política en todo esto”, afirmó.

Vallejos aseguró que la investigación se enmarca en una serie de conflictos que, según su interpretación, exceden el plano judicial. En ese sentido, recordó causas anteriores en las que estuvo involucrado y mencionó episodios relacionados con la impugnación de la candidatura de Uñac y una demanda iniciada por el ministro de la Corte Guillermo De Sanctis Lima.

Respecto de la denuncia que originó el expediente, sostuvo que se trató de un conflicto familiar que debería haber permanecido en el ámbito privado.

“Es un tema muy personal y muy doloroso. Tuvimos una discusión familiar, un desencuentro que no voy a ventilar porque están mis hijos de por medio. El Ministerio Público tomó eso, lo agrandó y lo trajo hasta acá cuando debería haber quedado en otro ámbito”, manifestó.

Críticas a la investigación

Durante la rueda de prensa, Vallejos también cuestionó el enfoque que tomó la investigación, particularmente en relación con las armas secuestradas durante el allanamiento realizado en su domicilio.

“Escuchamos que se terminó hablando de una pistola que yo tenía, pero nunca se profundizó en los hechos que se me pretenden imputar por lesiones y amenazas. Sin duda, el fiscal no tiene nada”, sostuvo.

Según explicó, el arma observada por la Fiscalía fue adquirida hace más de tres décadas y su situación respondería a una cuestión administrativa vinculada a los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

“Es un arma que compré cuando tenía 21 años, hoy tengo 53. Por cuestiones administrativas no está registrada en el nuevo sistema de la ANMAC. No es un arma ilegal, es una falta administrativa”, afirmó.

El dirigente remarcó que posee la condición de legítimo usuario y comparó la situación con la falta de actualización de documentación vehicular.

La acusación de una “pata política”

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la presunta influencia política detrás de la causa judicial.

“Claro que veo una pata política. No dejan pasar una sola oportunidad para ensuciarme. Antes me golpeaban desde lo político o ideológico; ahora se metieron en mi casa”, expresó.

En esa línea, insistió en que el proceso judicial no puede analizarse de manera aislada y volvió a cuestionar el rol del Ministerio Público Fiscal.

Las armas secuestradas

Vallejos reconoció que posee cinco armas de fuego para uso personal y aseguró que todas forman parte de su patrimonio legal.

“Soy una persona pública, tengo empresas y me ocupo de la seguridad de mi familia. Nunca tuve antecedentes por mal uso de armas. Fui instructor de la Escuela de Policía y conozco perfectamente la responsabilidad que implica tenerlas”, indicó.

Asimismo, recordó que durante la audiencia el juez realizó observaciones sobre el régimen legal de tenencia y portación de armas y señaló que la investigación recién comienza.

La causa ingresó en la etapa de investigación penal preparatoria, por lo que la Fiscalía contará con seis meses para reunir pruebas y avanzar con el proceso.

“Son seis meses de investigación. La Fiscalía tendrá que demostrar de qué se me acusa y yo tendré que defenderme. Es un capítulo más de todo esto que me toca vivir”, concluyó.

Mientras tanto, continúan vigentes las medidas cautelares dispuestas por la Justicia, que incluyen la prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante durante el plazo establecido por el tribunal.

Op: Juan Llarena