La Rioja reaviva el reclamo limítrofe y avanza con una ley que cuestiona las fronteras vigentes con San Juan

La histórica controversia territorial entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo episodio tras la presentación de un proyecto de ley impulsado por el gobernador riojano Ricardo Quintela, mediante el cual busca ratificar el rechazo de su provincia a los acuerdos que establecieron los límites interprovinciales actualmente vigentes.
La iniciativa fue remitida a la Legislatura de La Rioja y propone reafirmar la posición histórica del distrito respecto de los convenios suscriptos en 1968, que fijaron las fronteras entre ambas jurisdicciones. Desde el Gobierno riojano sostienen que esos acuerdos carecen de legitimidad y que parte del territorio actualmente administrado por San Juan habría sido incorporado de manera irregular.
El proyecto ratifica la vigencia de la Ley Provincial N.º 3.468, norma mediante la cual La Rioja ya había rechazado el acuerdo firmado en marzo de 1968 por las autoridades que gobernaban ambas provincias durante el período de facto. Además, instruye a distintos organismos provinciales a adoptar medidas tendientes a defender la posición riojana en el conflicto.
Entre los puntos más relevantes, se faculta a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales y solicitar medidas cautelares para evitar modificaciones o intervenciones en las áreas reclamadas hasta que exista una definición sobre la cuestión de fondo. Según la fundamentación del proyecto, el objetivo es preservar recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros localizados en los sectores en disputa.
La iniciativa también plantea la posibilidad de impedir, por la vía judicial, nuevas acciones de explotación o decisiones administrativas que puedan afectar las zonas reclamadas por La Rioja mientras continúe abierto el debate territorial.
La discusión adquiere relevancia por el interés estratégico que presentan algunos de los sectores involucrados. Entre ellos aparecen áreas vinculadas a proyectos mineros de gran envergadura y regiones de alto valor patrimonial, como el entorno de Ischigualasto, cuya pertenencia jurisdiccional ha sido mencionada en anteriores planteos realizados por el mandatario riojano.
Desde San Juan, la postura oficial se mantiene firme en defensa de los límites actuales. El gobernador Marcelo Orrego y distintos representantes institucionales han señalado que las fronteras provinciales se encuentran respaldadas por la Ley Nacional 18.004 y por más de cinco décadas de vigencia administrativa y jurídica.
En ese marco, la Cámara de Diputados de San Juan ya había expresado su rechazo a los cuestionamientos formulados desde La Rioja, mientras que legisladores nacionales también impulsaron iniciativas orientadas a ratificar la jurisdicción sanjuanina sobre los territorios en discusión.
El conflicto había cobrado notoriedad en los últimos meses a partir de declaraciones públicas de Quintela, quien vinculó la cuestión limítrofe con el desarrollo de emprendimientos mineros en la cordillera y con la revisión de acuerdos firmados durante gobiernos de facto. El mandatario riojano sostuvo además que la resolución definitiva de este tipo de controversias corresponde al ámbito institucional previsto por la Constitución Nacional.
Con el ingreso del proyecto a la Legislatura riojana, la disputa entre ambas provincias vuelve a instalarse en la agenda política regional. Mientras La Rioja busca fortalecer su posición mediante una herramienta legislativa y judicial, San Juan sostiene la plena vigencia de los límites reconocidos por la normativa nacional, en una controversia que combina antecedentes históricos, intereses económicos y cuestiones de soberanía territorial.