La Cámara respaldó a Sanz y rechazó el planteo de la fiscal Salica

La controversia judicial entre la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, y el juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo episodio. El juez de Cámara Maximiliano Blejman rechazó la impugnación presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal y confirmó la resolución que había adoptado Sanz en una audiencia vinculada a la investigación de la banda conocida como los “robarruedas”.

La decisión fue notificada a las partes y ratifica el criterio sostenido por el juez de Garantías, quien se había negado a homologar un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y algunos de los imputados, al considerar indispensable que la víctima expresara personalmente su consentimiento.

El punto central de la discusión se encuentra en el alcance de la participación de la víctima dentro de este tipo de acuerdos. Para Sanz, la conformidad debía ser manifestada de manera directa ante el tribunal, ya sea de forma presencial o mediante una conexión virtual. Salica, en cambio, sostuvo que ese consentimiento ya había sido recabado por la Fiscalía y que la legislación vigente no exige una ratificación personal ante el juez.

Con ese argumento, la fiscal recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de revertir la decisión. Sin embargo, Blejman resolvió rechazar el planteo y mantener firme la postura adoptada por Sanz.

El caso se originó en una de las derivaciones de la investigación contra la organización dedicada al robo sistemático de ruedas y autopartes en distintos puntos de San Juan. Durante las negociaciones para resolver la situación procesal de algunos acusados mediante juicios abreviados, surgió la diferencia de criterio entre la Fiscalía y el magistrado.

Más allá del expediente puntual, la resolución adquiere relevancia porque reabre el debate sobre el rol que deben tener las víctimas en los acuerdos abreviados dentro del sistema acusatorio y podría convertirse en un antecedente para futuras causas.

Tras el fallo de Cámara, la fiscal Salica aún tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte de Justicia de San Juan para que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre la cuestión. Otra alternativa es solicitar una nueva audiencia y garantizar que la víctima exprese formalmente su conformidad, tal como fue requerido por el juez de Garantías, para que el acuerdo vuelva a ser evaluado.