Piden la prisión preventiva o la prohibición de salida del país para Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

El abogado Gregorio Dalbón solicitó al fiscal federal Gerardo Pollicita que se dicten medidas de coerción contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los pedidos formulados figuran la prisión preventiva o, de manera subsidiaria, la prohibición de salida del país con retención de su pasaporte.

La presentación se realizó en el expediente iniciado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y sostiene que existen “riesgos concretos” de fuga y de interferencia en la investigación. Según el escrito, Adorni habría intentado influir sobre un testigo considerado clave y contaría con recursos económicos y vínculos suficientes para dificultar el avance del proceso judicial.

Uno de los principales argumentos expuestos por Dalbón hace referencia al contratista Matías Tabar, quien declaró haber sido contactado por el ex funcionario antes de prestar testimonio. De acuerdo con la presentación, Adorni le habría expresado su respaldo y le habría anticipado que sería contactado por integrantes de su equipo legal, una situación que, según el denunciante, podría interpretarse como un intento de influir en la producción de prueba.

El abogado también remarcó que Adorni ocupó un cargo de alta jerarquía dentro de la administración pública nacional, circunstancia que, a su criterio, le habría otorgado capacidad de influencia sobre personas vinculadas con la investigación.

Además, el escrito menciona supuestas inconsistencias en la justificación del patrimonio del ex funcionario y pone bajo análisis diversas operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un préstamo entre particulares y la adquisición y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club.

Respecto del riesgo de fuga, Dalbón sostuvo que Adorni habría reconocido la existencia de unos 500.000 dólares no declarados, lo que, según la presentación, demostraría una capacidad económica que facilitaría una eventual evasión del proceso. También señaló como factores relevantes el acceso a vuelos privados y la reciente renuncia al cargo, lo que, a su entender, disminuye su arraigo institucional.

Con estos argumentos, el abogado solicitó que se dicte la prisión preventiva para garantizar el normal desarrollo de la investigación. En caso de que esa medida no sea considerada procedente, pidió que se imponga la prohibición de salida del país, junto con la retención del pasaporte y la correspondiente notificación a la Dirección Nacional de Migraciones.