Proveedores mineros respaldan la Ley de Desarrollo pero exigen un lugar por ley: “No queremos depender del humor del gobierno de turno”

Caprimsa y Casemi apoyaron el proyecto en la Legislatura, pero pidieron modificar el articulado para garantizar su participación institucional permanente y no quedar sujetos a la reglamentación del Ejecutivo.

La Ley de Desarrollo Minero comenzó su camino en las comisiones de la Cámara de Diputados de San Juan y cosechó el respaldo político de las principales cámaras de proveedores locales. Sin embargo, tanto la Cámara de Proveedores e Intermediarios Mineros de San Juan (Caprimsa) como la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) advirtieron que el proyecto debe perfeccionarse para blindar la participación institucional del sector antes de llegar al recinto.

El reclamo principal apunta al artículo 16 del proyecto. El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, explicó que buscan que la representación de las cámaras quede consagrada de forma explícita en el texto de la ley y no delegada a una reglamentación posterior que quede en manos del Poder Ejecutivo.

“Queremos impulsar este proyecto porque lo venimos reclamando desde hace muchos años. Lo único que buscamos es que la participación de las cámaras quede garantizada por la propia ley y no dependa de una reglamentación posterior. No queremos depender del criterio o del humor de un gobierno de turno; la representación institucional debe darle estabilidad y previsibilidad al sistema”, enfatizó Godoy a Diario Huarpe.

Desde Caprimsa aclararon que el proyecto es plenamente compatible con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que la intención no es dilatar su aprobación, sino dotar a las pymes locales de mayor seguridad jurídica.

El fin de la “zona gris”: ¿Qué es un proveedor sanjuanino?

Por su parte, el presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado, ponderó uno de los mayores avances que introduce la normativa: la unificación de criterios para definir la identidad del empresariado local.

“Hasta este momento, cada empresa operadora tenía su propio concepto de qué era un proveedor sanjuanino. Esta ley permitirá unificar ese criterio”, celebró Delgado, aclarando que la norma no es proteccionista ni busca trabar la competencia: “No impide el ingreso de proveedores de otras provincias o del exterior. Busca desarrollar a las empresas de San Juan para que puedan responder a la demanda de los nuevos megaproyectos”.

Licitaciones y el espejo del proyecto Vicuña

Al ser consultado sobre las recientes y polémicas adjudicaciones en el proyecto Vicuña (del grupo Lundin), Delgado fue realista respecto a los alcances reales que tendrá la ley en el mercado:

  • Sin garantías automáticas: “La ley no nos va a garantizar adjudicaciones automáticas. Lo importante es profundizar el diálogo con las operadoras”, advirtió.

  • Competitividad empresaria: Respecto a los últimos contratos de Vicuña, el titular de Casemi aclaró que la compulsa se definió por la mejor propuesta económica y que “ninguna de las empresas que participaron era exclusivamente sanjuanina”, remarcando la necesidad de que las firmas locales sigan ganando escala y competitividad.

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