Megacausa de expropiaciones: aceptaron dos jueces para integrar el Tribunal y se esperan nuevas inhibiciones

A pocos días de cumplirse un año de la sentencia en la megacausa de expropiaciones, la conformación del Tribunal que debe resolver las inhibiciones de dos magistrados de la Corte de Justicia continúa incompleta y mantiene frenado el tratamiento de las apelaciones presentadas por los nueve condenados.

Hasta el momento aceptaron integrar ese Tribunal el camarista penal Renato Roca y el camarista civil Esteban De la Torre. Sin embargo, todavía resta designar un tercer integrante y, según fuentes judiciales, el proceso podría volver a demorarse por una nueva serie de excusaciones.

Entre quienes ya decidieron apartarse figuran los camaristas penales Eduardo Raed y Ana Lía Larrea. El listado de posibles integrantes continúa con los camaristas civiles Elena De la Torre, María Eugenia Varas, Sergio Saffe, Roberto Pagés, Ernesto Escobar, Carlos Fernández Collado, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Juan Carlos Noguera Ramos. También integran la nómina los camaristas laborales Guillermo Rahmé Quattropani y Lucía Daroni, además del juez de la Cámara de Paz, Fernando Vargas.

Las inhibiciones responden, principalmente, a vínculos de amistad con algunos de los condenados o investigados, o a que varios magistrados ya tuvieron intervención en distintas etapas del expediente, una causa que lleva 16 años de tramitación.

Incluso, las fuentes consultadas señalaron que, si todos los jueces sorteados también se excusan, será necesario convocar a magistrados de primera instancia para completar la integración del Tribunal.

El cuerpo que actualmente se intenta conformar no analizará todavía los recursos de casación presentados por las defensas. Su primera tarea será determinar si son procedentes las inhibiciones planteadas por Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez.

Si esas excusaciones son aceptadas, Renato Roca, Esteban De la Torre y el tercer juez que resulte designado quedarán en condiciones de integrar la Sala que deberá revisar las condenas. En cambio, si son rechazadas, Muñoz Carpino e Ibáñez continuarán formando parte de esa Sala y solo restará incorporar un tercer integrante.

Mientras tanto, los defensores de los condenados prevén insistir con el tratamiento de los recursos de casación, aunque el avance del expediente depende de que la Sala quede definitivamente conformada.

Un proceso que sigue trabado

La sentencia de la megacausa fue dictada el 4 de julio de 2025 por el tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia. El fallo condenó a nueve personas por una maniobra que, según la investigación, consistió en inflar el valor de terrenos expropiados por el Estado para obtener millonarias indemnizaciones.

Las penas más altas recayeron sobre el abogado Santiago Graffigna, considerado organizador de una asociación ilícita y condenado a 7 años y 8 meses de prisión; su exsocio Horacio Alday, con 6 años; el exjuez civil Carlos Macchi, con 6 años y 2 meses; y el exfiscal de Estado Mario Díaz, con 6 años. También fueron condenados el exfuncionario Néstor Ruiz, la perito Ana María Melvin, los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno.

Los recursos de casación fueron presentados el 20 de agosto de 2025 y, desde entonces, la causa permanece estancada por las sucesivas inhibiciones de ministros de la Corte y camaristas convocados para integrar la Sala encargada de revisar el fallo.

El primer sorteo designó a Guillermo Baigorrí, Mariano Ibáñez y Víctor Muñoz Carpino. Sin embargo, Baigorrí quedó fuera del expediente tras asumir como fiscal General de la Corte, mientras que Muñoz Carpino e Ibáñez se inhibieron por distintos motivos.

En un segundo sorteo fueron designados Eduardo Raed, Ana Lía Larrea y Renato Roca. De ellos, únicamente Roca aceptó intervenir. Raed se excusó por su relación de amistad con Graffigna y Larrea por haber participado, desde la Sala de Superintendencia, en actuaciones vinculadas con la causa.

Ahora, la expectativa está puesta en la designación del tercer integrante del Tribunal, un paso indispensable para destrabar el proceso y avanzar hacia la revisión de las condenas dictadas en una de las causas judiciales más importantes de la historia reciente de San Juan.