Diputado de Unión por la Patria denunció al Gobierno por autorizar maniobras militares de Estados Unidos
La presentación judicial cuestiona el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos en territorio argentino y sostiene que la medida se adoptó sin la intervención del Congreso, en presunta violación de la Constitución y la legislación vigente.
El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei y varios funcionarios del Gobierno por la autorización del ingreso de tropas de Estados Unidos para participar en ejercicios militares realizados en Argentina.
La acción judicial también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Según la denuncia, más de 350 efectivos estadounidenses participaron durante 42 días de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados en instalaciones militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El escrito también señala que las maniobras incluyeron la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Marino sostiene que el Poder Ejecutivo habilitó estas actividades mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuando la Constitución Nacional establece que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde de manera exclusiva al Congreso. Además, cita la Ley 25.880, que regula este tipo de procedimientos y limita la utilización de decretos para resolver esas cuestiones.
En la presentación judicial se mencionan como posibles delitos el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la traición a la patria, al considerar que el procedimiento adoptado habría vulnerado las normas constitucionales.
El legislador también vinculó la decisión con el alineamiento internacional del Gobierno argentino en el actual escenario geopolítico, marcado por los conflictos en Medio Oriente y la política exterior de Estados Unidos. En ese contexto, afirmó que el Ejecutivo avanzó en una estrategia de cooperación militar sin la aprobación del Poder Legislativo.
Desde la oposición sostienen que la intervención de la Justicia busca determinar si la autorización otorgada por el Gobierno se ajustó al marco legal vigente y si existieron responsabilidades penales por la forma en que se habilitó el ingreso de las fuerzas extranjeras.
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