El IPV proyecta un nuevo sorteo de viviendas para agosto y avanza con la recuperación de unidades

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) trabaja en los preparativos para realizar un nuevo sorteo de viviendas durante el segundo semestre del año, con la expectativa de concretarlo en agosto si concluyen las tareas administrativas previstas. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda para los sanjuaninos mediante un mecanismo de adjudicación basado en la igualdad de oportunidades.

La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que actualmente el organismo coordina el intercambio de información con la Caja de Acción Social y avanza en distintos procedimientos técnicos para dejar listo el proceso de convocatoria.

El próximo sorteo contemplará viviendas provenientes de diferentes programas. Entre ellas se destacan los departamentos del complejo La Ramada, originalmente pertenecientes al programa Procrear, que serán incorporados a la órbita provincial una vez formalizado el convenio correspondiente con el Gobierno nacional.

Según precisó la funcionaria, el emprendimiento presenta un avance cercano al 55% y el objetivo es habilitar una primera etapa integrada por 30 departamentos para que puedan ser adjudicados antes de fin de año. Al tratarse de unidades ubicadas en Capital y con características diferentes a las viviendas sociales tradicionales, los requisitos de ingresos y las cuotas serán superiores.

Además, el sorteo incluirá viviendas remanentes de barrios ya entregados cuyos adjudicatarios originales no completaron la documentación exigida, por lo que esas unidades volverán a estar disponibles para nuevos beneficiarios.

A ese conjunto se sumarán viviendas recuperadas por el IPV luego de detectar incumplimientos en las condiciones de adjudicación. En la actualidad, el organismo investiga entre 300 y 400 denuncias relacionadas con inmuebles desocupados o utilizados para fines distintos a los establecidos, situaciones que podrían derivar en la revocación de la adjudicación.

Peralta remarcó que tanto la falta de ocupación efectiva como el incumplimiento en el pago de las cuotas constituyen motivos para retirar la vivienda a sus adjudicatarios y reincorporarla al sistema de asignación.

La funcionaria también manifestó su preocupación por el nivel de morosidad, que ronda el 50%, y recordó que el funcionamiento del IPV depende hoy principalmente de los recursos provinciales y del recupero de las cuotas abonadas por los beneficiarios, tras la eliminación de los fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.

En ese sentido, señaló que el organismo continuará impulsando intimaciones y acciones legales para mejorar la recaudación y fortalecer un sistema solidario que permita sostener nuevos proyectos habitacionales y ampliar la oferta de viviendas para futuras adjudicaciones.

Rivero. C