Pericias revelan que las impresoras halladas en la causa de las computadoras de la Policía habrían sido del Estado
Al analizar la memoria de los equipos, los investigadores encontraron documentos vinculados al Ministerio de Educación. La causa por la millonaria compra ya tiene cinco imputados.
La investigación por la millonaria compra de computadoras para la Policía de San Juan sumó un nuevo elemento que podría ser determinante para el avance de la causa. Según confirmaron fuentes calificadas, las pericias realizadas sobre las impresoras secuestradas revelaron la existencia de documentación vinculada al Ministerio de Educación, lo que alimenta la hipótesis de que esos equipos habrían pertenecido previamente a una repartición del Estado.
El dato surgió durante los análisis informáticos realizados sobre los dispositivos encontrados en un depósito de Capital. Al imprimir los archivos almacenados en la memoria interna de algunas impresoras, los peritos detectaron documentos correspondientes a esa cartera provincial.
Si bien la investigación continúa y esa línea aún debe ser corroborada, el hallazgo refuerza otra de las sospechas del expediente: que parte del equipamiento entregado no era nuevo, pese a haber sido adquirido como tal en el marco de una licitación pública.
La compra bajo investigación
La causa fue formalizada por la UFI Delitos Especiales, que investiga presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Roberto Ginsberg solicitó un plazo de un año para reunir pruebas y determinar las responsabilidades de los involucrados.
El expediente tiene su origen en la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets realizada durante el último año de la gestión provincial anterior con fondos enviados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La operación demandó una inversión de alrededor de 90 millones de pesos, pero los equipos nunca fueron distribuidos en las dependencias policiales.
La investigación tomó impulso cuando, en julio del año pasado, la representante de la empresa SCH Emprendimientos SAS informó al Tribunal de Cuentas que los bienes permanecían almacenados en un depósito privado de Capital. A partir de una orden judicial, la fiscalía allanó el lugar y secuestró el equipamiento.
Las pericias posteriores determinaron que las computadoras no coincidían con las especificaciones técnicas previstas en la contratación. Entre otras diferencias, no contaban con la memoria RAM establecida en el pliego y las licencias del sistema operativo habían sido instaladas apenas dos meses antes del secuestro, pese a que la documentación indicaba que los equipos habían sido entregados más de un año antes.
Cinco imputados y un sumario interno
Hasta el momento, la causa tiene cinco imputados: María de Lourdes Quiroga Coll, titular de la firma proveedora; Enzo Ariel Fava, representante técnico de la Secretaría de Seguridad; el comisario mayor retirado Jorge Eduardo Santoni; y los comisarios Juan José Valverde y Juan José González.
Los cuatro últimos también fueron imputados por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En paralelo, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública confirmó que iniciará un sumario administrativo para analizar la actuación de González y Valverde. Mientras tanto, ambos continuarán desempeñando sus funciones hasta que avance la investigación judicial y administrativa.
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