La Justicia sanjuanina desestimó de manera directa la presentación judicial impulsada por el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto de los Ríos, junto a la secretaria administrativa del cuerpo, Valeria Olivera. Las autoridades del legislativo municipal buscaban que se investigara por los delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo al fiscal Francisco Nicolía (de la UFI Delitos Especiales) y al edil opositor orreguista Andrés Olivera.

El rechazo in limine fue dispuesto por el fiscal Adolfo Díaz, quien consideró que el relato planteado por el denunciante “es inverosímil o lo es de forma parcial; además, no constituye un hecho típico con relevancia penal”. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que la resolución ya fue apelada por la defensa del Concejo, por lo que la decisión final quedará en manos de un fiscal coordinador de la unidad fiscal.

El origen del conflicto

La denuncia contra el magistrado y el concejal opositor se presentó a través del abogado Leonel García semanas después de que el propio fiscal Nicolía lograra formalizar una investigación penal previa contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.

En ese proceso principal, a cargo del juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, se investiga a los funcionarios por abuso de autoridad, encubrimiento y negociaciones incompatibles con la función pública. El foco está puesto en la firma de un convenio aprobado en el Concejo para evitar que el intendente enfrente un juicio oral por el presunto uso irregular de maquinaria y personal municipal en un terreno privado durante su gestión anterior.

Mensajes de WhatsApp y acusaciones de coacción

Para intentar frenar o cuestionar el accionar de la Fiscalía, De los Ríos presentó mensajes y audios de WhatsApp entre Nicolía y el edil opositor Olivera. Según la querella, el fiscal habría coaccionado al concejal para que exigiera una copia certificada del acta de la sesión del 18 de febrero —donde se aprobó el polémico acuerdo— bajo la advertencia de iniciar acciones legales si las autoridades parlamentarias no entregaban la documentación.

Al analizar la evidencia, el fiscal Adolfo Díaz concluyó que no existe delito ni falta ética en que un fiscal en función investigativa cite a declarar a un testigo o requiera documentación oficial mediante medios informales como WhatsApp.

Díaz detalló en su resolución:

• Validez de la citación: Informar sobre las consecuencias jurídicas de omitir o retener documentación oficial requerida por la Justicia no configura delito de coacción, sino la notificación formal de un deber legal.

• Falta de cumplimiento: Pese a las notas enviadas por la Fiscalía y por el propio concejal Olivera, la presidencia del Concejo solo remitió una copia no certificada del acta aduciendo demoras administrativas, sin regularizar la entrega completa del expediente requerido.

“No se ha podido reunir ninguno de los elementos necesarios y constitutivos del tipo penal. No existen indicios que permitan afirmar la posible existencia de un delito, por lo que corresponde el archivo de las actuaciones”, concluyó el fiscal Díaz.

Próximos pasos en la investigación

Tras la notificación de la desestimación, el abogado querellante presentó la revisión formal del dictamen. En los próximos días, la resolución definitiva sobre la apertura o el archivo definitivo del legajo recaerá en el ámbito de la UFI Delitos Especiales, bajo la evaluación de los fiscales coordinadores Iván Grassi o Roberto Ginsberg.

Rivero. C