Las denuncias contra empresas petroleras en Malvinas: qué establece la Ley 26.659 y cómo se aplica
El Gobierno ratificó la presentación de acciones penales contra empresas y directivos por exploraciones hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas.
El Estado Nacional confirmó este miércoles una nueva ofensiva judicial contra firmas que realizan actividades ilegítimas para extraer petróleo en la Plataforma Continental Argentina, en el área de las Islas Malvinas, sin contar con la habilitación oficial. Las acciones de la justicia abarcarán a los entes corporativos y buscarán personalizar las responsabilidades administrativas y penales sobre ejecutivos, representantes y directores.
El anuncio se produce en un marco de crecientes maniobras comerciales en torno al yacimiento Sea Lion, impulsado por las operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas reclamadas por la Argentina. Ante este escenario, la legislación nacional prevé inhabilitaciones administrativas, penas de prisión de hasta 15 años y multas equivalentes a millones de barriles de petróleo para los infractores.
Paralelamente, se sumaron las declaraciones del embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. El representante diplomático ratificó el respaldo de su país al reclamo soberano por Malvinas y pidió mantener esa misma reciprocidad sobre el régimen del Estrecho de Magallanes.
Tensión por el Estrecho de Magallanes
Las expresiones del diplomático chileno se dieron tras la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast. El encuentro buscó descomprimir discrepancias derivadas de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre la navegación en el paso interoceánico. Ambos mandatarios reafirmaron que el marco legal del área está fijado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
En ese sentido, durante un encuentro con el Rotary Club de Buenos Aires, Uriarte Herrera pidió consolidar acuerdos de integración comercial y logística. “Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, afirmó el diplomático.
A su vez, enfatizó la postura que espera por parte de las autoridades nacionales en los foros multilaterales. “Sabemos que para Argentina es muy importante. Si para Argentina es recíproco, esperamos lo mismo, como es con el Estrecho“, sostuvo el funcionario.
Punta Arenas y las petroleras
A pesar del apoyo expresado por el gobierno chileno, existe preocupación en la Cancillería argentina por las gestiones impulsadas desde la ciudad de Punta Arenas. Sectores políticos y empresariales locales promueven conformar un polo de abastecimiento para las islas, con una ronda de negocios prevista para el 28 y 29 de septiembre.
La posición geográfica de Punta Arenas brinda un beneficio de logística considerable, ya que la travesía marítima hasta las islas abarca la mitad del trayecto existente desde Montevideo. Esta cercanía facilitaría la provisión de insumos, materiales de construcción, gas licuado y alimentos para apuntalar las faenas petroleras de la firma israelí Navitas Petroleum.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defiende la iniciativa como un motor económico regional y sugirió emplear otras banderas marítimas para eludir restricciones normativas. Frente a esto, el comunicado posterior al encuentro Milei-Kast destacó que se valorarán los esfuerzos de Santiago para evitar consolidar apoyos a la exploración unilateral en zonas en disputa.
Qué establece la Ley 26.659
La normativa nacional sancionada en marzo de 2011 y reformada por la Ley 26.915 en 2013 fija el marco punitivo para quienes intervengan en la búsqueda o extracción de recursos sin autorización. El artículo 2 prohíbe realizar contrataciones, operaciones comerciales, asistencias técnicas o financieras y tareas de consultoría con entes que operen sin permiso en la plataforma continental.
Las penas administrativas dictadas por la Secretaría de Energía implican la inhabilitación para operar en el país. El artículo 3 señala que la autoridad procederá a “inhabilitar por el plazo de 5 a 20 años a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan con lo dispuesto”, además de revertir las concesiones que posean en territorio nacional.
Por el lado del régimen penal, la legislación castiga las tareas operativas no autorizadas. El artículo 7 contempla penas de 5 a 10 años de prisión y multas de hasta 100.000 barriles de petróleo para las tareas de exploración, mientras que las actividades de extracción prevén sanciones severas:
- Prisión de 10 a 15 años para quienes realicen extracción, almacenamiento o transporte
- Multa económica equivalente al valor de mercado de 150.000 a 1.500.000 barriles de petróleo crudo (WTI)
- Decomiso directo de los equipos, materiales e hidrocarburos extraídos
Las responsabilidades penales alcanzan de forma directa a la cadena de mando de las organizaciones. El artículo 8 determina que cuando los ilícitos sean ejecutados en nombre de un ente corporativo “la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.
Fuente: ÀMBITO
Por: G. Herrera
Los comentarios están cerrados.