Comisaría 34ª: investigan si el disparo a la agente embarazada fue accidental y el efectivo sigue detenido

La causa judicial por el grave episodio ocurrido en la Comisaría 34ª de La Bebida —donde una agente de policía embarazada resultó herida de bala— continúa avanzando con pericias clave para determinar las responsabilidades penales, mientras se multiplican los cuestionamientos de su entorno por la atención sanitaria y la falta de información oficial.

El hecho sucedió cuando Mariana Sol Jofré, de 29 años y con seis meses de gestación, se encontraba cumpliendo funciones como escribiente en la dependencia. En esas circunstancias, un disparo efectuado con el arma reglamentaria Bersa TPR9 que manipulaba el efectivo Cristian Exequiel Albarracín impactó en la espalda de la agente. Tras una asistencia inicial en el Hospital Rawson, la oficial fue derivada durante la tarde del lunes al Sanatorio CIMYN, donde permanece internada en observación junto a su bebé, con un parte médico que indica estabilidad en su salud.

Peritajes científicos y situación judicial

En paralelo a la internación de la víctima, Albarracín quedó formalmente detenido a disposición de la Justicia. La investigación, caratulada preventivamente como lesiones culposas, busca esclarecer la mecánica exacta de la detonación. Para ello, personal de Criminalística, la Brigada de Delitos Especiales y el D8 llevaron adelante inspecciones oculares en la seccional, procedieron al secuestro del arma involucrada y del teléfono celular del imputado, y tomaron muestras para detectar posibles residuos de disparo.

Si bien la hipótesis de un accionar imprudente o accidental forma parte de las líneas principales analizadas, las fuentes judiciales aclararon que la calificación legal definitiva y el grado de negligencia dependerán estrictamente de los resultados que arrojen las pericias científicas en curso.

El reclamo por la asistencia posterior

Mientras el expediente penal se centra en dilucidar lo ocurrido dentro de la comisaría, la familia de la agente exteriorizó su malestar por las dificultades atravesadas en las horas posteriores al hecho. Carla, hermana de la víctima, denunció que al llegar al sanatorio privado se registraron demoras burocráticas vinculadas a la intervención de la ART, obstaculizando la atención médica oportuna.

Asimismo, los familiares recriminaron la escasez de comunicados directos por parte de las autoridades y el impacto emocional que generó la viralización de versiones falsas sobre el fallecimiento de la oficial. Con la causa a la espera de los informes técnicos, el entorno de Jofré exige que se profundice tanto en la responsabilidad penal del efectivo detenido como en los protocolos de asistencia aplicados a la trabajadora tras resultar herida en cumplimiento del deber.