La Defensoría del Pueblo de San Juan llevará a la Justicia el reclamo contra los recortes en discapacidad

La Defensoría del Pueblo de San Juan confirmó que recurrirá a la Justicia mediante la presentación de un nuevo amparo colectivo a nivel nacional para proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La medida busca frenar el impacto de los recortes presupuestarios, la mora en la cobertura de salud y las modificaciones normativas proyectadas por la gestión nacional del presidente Javier Milei.

La postura del organismo provincial se conoció luego de la exposición de la defensora Florencia Peñaloza ante la Cámara de Diputados de la Nación, donde fundamentó el reclamo en el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, los ajustes aplicados durante el año 2026 y las reestructuraciones planteadas en el presupuesto para el ciclo 2027.

Salud y prestaciones en estado crítico

Peñaloza enfatizó la gravedad del panorama asistencial y recordó los antecedentes del organismo en el ámbito judicial. “En el informe anual comunicamos a la Cámara de Diputados de la Provincia que el 60% de los casos ingresados en esta Defensoría fueron por salud, y la mayoría por discapacidad. Esto nos llevó a un amparo el año pasado que logró la restitución de pensiones en todo el país”, precisó.

La acción legal proyectada no solo abarca a las familias afectadas, sino también a la red asistencial y educativa que sostiene al colectivo. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas que denuncian la falta de pago de prestaciones y la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos”, remarcó la funcionaria sanjuanina.

“Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Si es necesario acudir nuevamente a la Justicia mediante un amparo colectivo para proteger a las personas con discapacidad, las vamos a acompañar. La discapacidad nunca debe ser moneda de cambio ni se debe naturalizar que se tenga que pelear por un tratamiento o por el derecho a la educación”, concluyó Peñaloza.

Inestabilidad y denuncias en la ANDIS

El conflicto provincial se da en un contexto de marcada parálisis dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo nacional atraviesa un periodo de turbulencia institucional tras la renuncia de su director ejecutivo, en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de las normativas vigentes, irregularidades administrativas y acusaciones públicas sobre el presunto cobro de retornos del 3% en la tramitación de expedientes y giros de fondos.

Esta crisis interna derivó en la paralización del programa Incluir Salud, la demora en las transferencias a las obras sociales y el retraso en las auditorías de pensiones no contributivas.

Preocupación por el arancelamiento y el Presupuesto 2027

A la problemática actual se suman las reformas de fondo que promueve el Ejecutivo nacional para el sistema de prestaciones básicas:

• Fin del Nomenclador Único: Se proyecta un esquema de arancelamiento diferenciado para el transporte, la rehabilitación, la educación terapéutica y los servicios de apoyo. Colegios profesionales advierten que la desregulación de la tarifa única generará desequilibrios regionales y dejará a miles de usuarios sin cobertura.

• Ajustes presupuestarios: A la subejecución de las partidas asignadas durante 2026 se añaden los techos de gasto fijados para el Presupuesto 2027, los cuales no contemplan los costos operativos ni la inflación acumulada del sector.

Rivero. C