De la seducción en redes a la extorsión: imputan a una mujer por una trama de sextorsión y chantajes económicos en San Juan

Lo que comenzó como un intercambio virtual de contenidos y promesas de encuentros terminó en una pesadilla judicial. La Justicia investiga a una mujer de 32 años acusada de amenazar a una víctima con viralizar material íntimo y exigirle millonarias sumas de dinero.

Una aparente relación virtual que escaló rápidamente hacia el coqueteo digital se transformó en una pesadilla financiera y psicológica para un hombre en San Juan, cuyo caso ya se encuentra bajo la lupa del Poder Judicial local.

Por este hecho, la Justicia sanjuanina imputó formalmente a Natalia Verónica Genovese (32), abriendo una investigación penal preparatoria para esclarecer los detalles de las presuntas extorsiones y determinar si existieron más partícipes en la maniobra delictiva.

De acuerdo con la investigación preliminar, el vínculo entre ambos comenzó a través de plataformas digitales, donde el intercambio de contenido multimedia dio paso paulatinamente a pedidos de ayuda económica y a un posterior escenario de hostigamiento. En medio de este proceso, la acusada habría utilizado información sensible y la amenaza de exponer el vínculo para presionar a la víctima bajo la modalidad de extorsión.

El expediente detalla que, tras episodios de tensión en los que se exigieron sumas de dinero —como un pago inicial bajo intimidaciones y una posterior entrega de 150.000 pesos ante el temor de que la situación trascendiera—, la mujer intentó recomponer el vínculo. Le envió disculpas y le prometió un encuentro presencial, lo que derivó en un viaje compartido hacia la provincia de Mendoza solventado con asistencia financiera del propio afectado.

Sin embargo, la situación escaló hasta que el hombre decidió radicar la denuncia formal en sede policial y judicial para frenar el hostigamiento.

Desde el ámbito judicial recordaron que la formalización de la investigación y la imputación de Genovese no equivalen a una condena, sino que marcan el inicio de un plazo fijado por la magistratura para recabar nuevas pruebas, peritajes tecnológicos y establecer con precisión las responsabilidades penales de los involucrados.

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