Financiamiento universitario: la Justicia revisará si sigue vigente una cautelar clave para el Gobierno
La Cámara habilitó una apelación del Ejecutivo sobre la orden que exige actualizar salarios y becas. La medida no fue levantada y ahora deberá definirse si continúa vigente.
La disputa judicial por el financiamiento de las universidades públicas sumó este martes un nuevo capítulo favorable al Gobierno nacional. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un planteo del Ministerio de Capital Humano y ordenó que se tramite la apelación con la que el Ejecutivo busca discutir si continúa vigente la medida cautelar que lo obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes y los fondos destinados a becas estudiantiles.
La decisión es importante para la Casa Rosada, aunque no significa que la cautelar haya sido anulada ni que la Justicia haya determinado que el Gobierno ya cumplió con ella. La Cámara consideró que impedirle al Estado apelar podía provocarle un “gravamen irreparable” y habilitó la revisión de la decisión de primera instancia. Los magistrados aclararon expresamente que no estaban adelantando una opinión sobre el cumplimiento o la vigencia de la orden judicial.
El planteo había sido presentado después de que el juez federal Martín Cormick decidiera continuar con la ejecución de la cautelar pese a las objeciones del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que aquella medida tenía un límite temporal que ya habría vencido y afirma, además, que cumplió con las obligaciones vinculadas con salarios y becas. El magistrado rechazó inicialmente la posibilidad de apelar esa decisión, por lo que Capital Humano acudió directamente a la Cámara, que ahora le dio lugar a la queja.
Qué cambia con la nueva decisión judicial
Con el fallo de este martes, el Gobierno consiguió que una instancia superior revise si corresponde continuar ejecutando la cautelar y cuáles son actualmente sus alcances. El recurso fue concedido “en relación”, por lo que la decisión no suspende automáticamente la ejecución de la medida mientras se tramita la discusión judicial.
Es el segundo avance judicial conseguido por el Ejecutivo en pocos días dentro del mismo conflicto. El 15 de octubre, la misma Sala III suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios que habían sido impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar incumplida la cautelar. También en ese caso la Cámara evitó resolver si existió efectivamente un incumplimiento y se limitó a habilitar la apelación del Estado.
Cormick había dispuesto las sanciones luego de intimar al Ejecutivo a cumplir con la actualización salarial y la recomposición de las becas. El Gobierno, por su parte, sostiene que los aumentos salariales otorgados desde diciembre de 2023 alcanzan para satisfacer lo dispuesto judicialmente y cuestiona que no exista una liquidación concreta que determine cuánto dinero debería transferir. Esa interpretación es rechazada por quienes impulsaron el amparo y también había sido cuestionada por el juez de primera instancia.
Una pelea que comenzó con el veto de Milei
El conflicto tiene su origen en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025. Javier Milei vetó completamente la iniciativa, pero Diputados y el Senado reunieron posteriormente los dos tercios necesarios para insistir con la sanción y dejar sin efecto el veto presidencial.
La norma estableció, entre otros puntos, una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades, la recomposición de los salarios docentes y no docentes según la evolución de la inflación, convocatorias periódicas a paritarias y una actualización de programas de becas estudiantiles como Progresar y Manuel Belgrano.
Tras quedar obligado constitucionalmente a promulgarla, el Ejecutivo publicó el Decreto 759/2025, pero sostuvo que la ley no podía ejecutarse hasta que el Congreso determinara fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto. Para fundamentarlo invocó el artículo 5 de la Ley 24.629, que prevé la suspensión de leyes que generan nuevos gastos cuando no especifican su financiamiento.
Esa decisión abrió la batalla judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires llevaron el caso a los tribunales y, en diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar para garantizar la aplicación inmediata de los artículos vinculados con salarios y becas. La medida fue confirmada posteriormente y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado, manteniendo aquella protección mientras continuaba la causa principal.
El fallo de fondo también está en discusión
La pelea judicial se profundizó el pasado 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto presidencial que había condicionado la ejecución de la ley y ordenó al Gobierno implementar la norma. Para el magistrado, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo funcionaba como una forma de impedir la aplicación de una ley que ya había superado incluso el veto presidencial.
El Gobierno apeló también esa sentencia y el expediente se encuentra en manos de la Cámara. Esa discusión es diferente de la resolución conocida este martes: una cosa es el juicio de fondo sobre la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario y otra es la cautelar específica que protege salarios y becas mientras se resuelve el litigio.
Por ahora, la Cámara no dejó sin efecto la cautelar. Lo que hizo fue aceptar que el Gobierno pueda discutir judicialmente si todavía corresponde continuar ejecutándola. La próxima definición deberá resolver precisamente si aquella orden mantiene su vigencia y qué obligaciones concretas siguen pendientes para el Estado.
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