Prisión domiciliaria para el ex empleado de Angaco: frenan al abogado mediático Roberto Castillo por no estar matriculado

La Justicia de San Juan le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Facundo Nievas, el ex empleado de la Municipalidad de Angaco que en octubre de 2025 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de peculado. La decisión fue adoptada por el juez Martín Heredia Zaldo en el marco de una audiencia de revisión realizada a través de la plataforma Zoom.

Más allá del beneficio otorgado al condenado, la audiencia estuvo marcada por un fuerte debate sobre la representación legal de Nievas. El abogado porteño Roberto Castillo —reconocido en el ámbito mediático y por su relación con Cinthia Fernández— pretendía asumir formalmente el liderazgo de la defensa. Castillo argumentó que el propio imputado lo había elegido como su profesional de confianza y exigió intervenir de manera directa en el proceso.

Sin embargo, el magistrado Heredia Zaldo le cerró la puerta a su participación activa debido a una restricción normativa: Castillo no posee la matrícula habilitante para ejercer en la provincia de San Juan. Ante la negativa de alterar las reglas del fuero local, el juez dispuso que el letrado porteño únicamente podía permanecer en la llamada en calidad de asistente de Nicolás Quiroga, quien continúa siendo el defensor técnico oficial.

Pese a la limitación impuesta en la audiencia, Castillo celebró la medida a través de sus redes sociales, donde festejó el reencuentro de Nievas con su esposa e hijos. En su mensaje, el abogado calificó a su asistido como un “trabajador condenado injustamente” y afirmó que sufrió una persecución por denunciar a un intendente, sentenciando que “un inocente preso significa la profanación del proceso penal”.

La causa contra Nievas se remonta a la maniobra en la que utilizó maquinaria, materiales y personal del municipio de Angaco para concretar una obra de conexión de agua potable destinada a un terreno particular y a lotes que comercializaba. El desvío de recursos públicos no solo constituyó un delito penal, sino que además afectó de manera directa el suministro de agua de los vecinos de la zona de Las Tapias.