La Fiscalía impulsó una investigación para determinar si el Gobierno usó fondos públicos en la fuga de Flávio Bolsonaro
La fiscal Paloma Ochoa se centró en ese presunto delito para avanzar con la causa que estaba en una etapa preliminar. No imputó a funcionarios y presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió formalmente abrir una investigación penal para determinar si el gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos a través de la Argentina. El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que ya intervenía en las actuaciones preliminares por la posible participación de funcionarios nacionales en la salida del excandidato presidencial brasileño.
La presentación se produce después de que Ochoa solicitara información a distintos organismos para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño y determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
El expediente se tramita en el juzgado federal de Capuchetti y se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento.
El 29 de octubre, la magistrada hizo lugar a una serie de medidas preliminares y ordenó requerimientos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. El objetivo fue determinar qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida de Bolsonaro, y si el Gobierno había recibido alguna comunicación sobre su situación judicial en Brasil.
La investigación también contempla el análisis de registros de seguridad para reconstruir los movimientos del excandidato presidencial durante su permanencia en territorio argentino.
Las denuncias judiciales por la fuga de Flávio Bolsonaro

La salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos derivó en distintas presentaciones judiciales contra funcionarios del Gobierno argentino.
Además de la denuncia de Solano, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó otra presentación, inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas, para que se investigaran posibles responsabilidades de las autoridades nacionales.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por las circunstancias en las que el dirigente brasileño atravesó la frontera.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez había solicitado informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que trasladó a Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos.
También requirió preservar imágenes de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Posteriormente, la causa tramitada en Misiones fue desestimada luego de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente brasileño. Esa decisión no implicó el cierre de la investigación que se desarrolla en Comodoro Py.
Cómo fue la salida de Bolsonaro de Brasil y qué dijo el Gobierno
El 27 de octubre, Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.
La familia atravesó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según informó Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al país.
A las 23.30 abordaron un avión privado de Baires Fly que partió durante la madrugada siguiente hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hasta Miami.
La fuga ocurrió después de que el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Desde el primer momento, el Gobierno argentino negó haber colaborado de manera irregular con el traslado.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que Bolsonaro había ingresado con la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su tránsito.
Fuente: TN
Op: J. Amaya
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