Desvío de propofol en el Hospital Italiano: frenan el avance hacia el juicio oral y ordenan retomar la investigación

La causa por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano volvió a la etapa de investigación. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió que todavía faltan pruebas fundamentales para avanzar hacia un juicio oral y le dio la razón al Ministerio Público Fiscal, que cuestionaba la decisión del juzgado de primera instancia de dar por cerrada la instrucción.

El expediente tiene como imputados a dos profesionales de la salud: por un lado, a Hernán Boveri, un exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano; y, por el otro, a Delfina “Fini” Lanusse, una médica residente de tercer año de la misma especialidad. Ambos están procesados por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta.

El origen de la causa

El detonante de esta investigación fue la muerte de Alejandro Salazar, un exresidente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez. El cuerpo del hombre fue encontrado el 23 de febrero en su departamento, donde la Policía halló además una importante cantidad de estupefacientes e instrumental médico.

En ese contexto, la Fiscalía ordenó investigar la procedencia de los insumos encontrados. Los resultados de la autopsia determinaron que Salazar había muerto por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso.

A partir del rastreo del origen de esas sustancias y de otros insumos médicos hallados en la vivienda, los investigadores determinaron que provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. La falta de controles sobre estos medicamentos y el desenlace fatal impulsaron una investigación más exhaustiva para establecer quién los sustraía y con qué finalidad.

Así, tras una investigación interna de la institución médica, se logró identificar a Boveri y a Lanusse. En abril, Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, dictó el procesamiento de ambos por administración fraudulenta.

La resolución fue confirmada en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En rigor, Boveri fue considerado autor de la maniobra, mientras que la residente fue señalada como partícipe secundaria.

La principal hipótesis de la investigación es que los acusados sustraían las ampollas para realizar “viajes controlados” con otras personas en fiestas privadas, que ellos mismos organizaban y que habrían sido bautizadas como “Propofest”.

La disputa entre el juzgado y la fiscalía

Además de confirmar los procesamientos, la Cámara de Apelaciones había señalado la necesidad de avanzar con la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados. En línea con esa indicación, el fiscal de instrucción Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, solicitó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara los peritajes correspondientes.

El fiscal también pidió incorporar registros que permitieran establecer en cuántas intervenciones médicas habían participado los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.

Sin embargo, esas medidas todavía no se habían concretado cuando el juez Sánchez Sarmiento consideró que la investigación estaba completa y decidió avanzar con la elevación de la causa a juicio. Para el magistrado, las pruebas pendientes podían producirse durante el debate oral y no resultaban imprescindibles para cerrar la instrucción.

Herrera, sin embargo, rechazó ese criterio y devolvió las actuaciones al juzgado. Sostuvo que la investigación no estaba terminada y que el análisis de los teléfonos celulares era “potencialmente relevante” para esclarecer los hechos.

Así todo, el juez insistió en que el fiscal formulara el requerimiento de elevación a juicio. Finalmente, Herrera presentó el dictamen, aunque dejó asentada su disconformidad y volvió a reclamar la producción de las medidas pendientes.

La fiscalía volvió a objetar la elevación a juicio

En agosto, cuando el expediente llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, la fiscal María Luz Castany también se opuso a que avanzara el debate oral. En su presentación, sostuvo que la apertura y el análisis del contenido de los celulares excedían lo que podía considerarse una prueba secundaria o complementaria, que pudiera dejarse para una etapa posterior.

La fiscal advirtió que los resultados de esos peritajes podían tener consecuencias centrales para la causa: permitirían ampliar la base de los hechos investigados, delimitar con mayor precisión la intervención de cada imputado y hasta modificar el encuadre jurídico de las conductas.

Además, recordó que el expediente estaba relacionado con otras tres investigaciones judiciales: una en la que se indagan las circunstancias de la muerte de un médico, otra en la que está imputada una anestesióloga del Hospital Rivadavia, y una tercera que tramita en el fuero federal porteño.

El juez Pablo Vega, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, coincidió con el planteo de la fiscalía y consideró que la elevación a juicio había sido prematura. Por ese motivo, dispuso devolver el expediente al juzgado de instrucción para que se completaran las medidas pendientes.

Sin embargo, el magistrado de primera instancia aceptó el planteo de manera parcial y volvió a enviar a juicio un tramo de la investigación, el correspondiente a Boveri. Frente a esa decisión, Castany insistió en que debía declararse la nulidad del cierre de la instrucción y de todas las actuaciones posteriores.

La fiscal sostuvo que trasladar la producción de esas pruebas al juicio implicaba postergar una cuestión que debía haberse esclarecido durante la etapa preparatoria. También señaló que no existían demoras en el expediente que justificaran prescindir de los peritajes.

Ante la persistencia del conflicto, el tribunal elevó la discusión a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Allí, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que no se trataba de incorporar una prueba complementaria, sino de completar una medida de investigación cuya relevancia ya había sido reconocida durante la instrucción.

Qué resolvió Casación

Finalmente, el camarista Nicolás Grappasonno le dio la razón a la fiscalía. Consideró que los peritajes pendientes eran medidas de prueba útiles y pertinentes, y que sus resultados podían incidir tanto en el fortalecimiento de la hipótesis acusatoria como en la determinación precisa de los hechos que llegarían a juicio.

Por ese motivo, declaró la nulidad de la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio pasado, mediante la cual se había rechazado el planteo del fiscal, y de todas las actuaciones posteriores.

En consecuencia, ordenó que la causa vuelva a la etapa de instrucción para completar las medidas de prueba pendientes. Recién después de esa instancia podrá evaluarse nuevamente si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral.

La decisión no modifica los procesamientos de Boveri y Lanusse ni implica una absolución. Lo que establece es que la investigación debe profundizarse antes de determinar los hechos y las responsabilidades que eventualmente serán sometidos a debate.