Investigan a dos hombres por usar los datos de la empresa de Camilo Gioja en una inspección laboral

Dos hombres quedaron formalmente vinculados a una causa judicial por presunta falsificación de documentos públicos, luego de que se incorporaran datos falsos en un acta oficial de la Subsecretaría de Trabajo para involucrar a una empresa propiedad de Camilo Gioja, hijo del exgobernador José Luis Gioja.

Los imputados son el comerciante Juan Pablo Aciar —propietario de un frigorífico— y Jonatan Santos, empleado y estudiante. Ambos comparecieron en la audiencia de formalización ante el juez Fernández Caussi, en el marco de una causa que encabeza el fiscal Adrián Rivero y en la que son defendidos por el abogado Milenko García.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en mayo pasado durante una inspección en el establecimiento comercial de Aciar. Ante la ausencia del propietario, Santos habría aportado a las autoridades información correspondiente a un mercado propiedad de la sociedad de Gioja, logrando que el inspector volcara erróneamente esa razón social y su número de CUIT en el documento oficial.

La maniobra fue advertida por el propio Camilo Gioja, quien presentó la denuncia tras confirmar que los datos de su firma figuraban en un procedimiento administrativo totalmente ajeno a su actividad. De acuerdo con la Fiscalía, la motivación radicaría en un vínculo comercial previo: Aciar y Gioja fueron socios en el pasado hasta que uno compró la parte del otro, razón por la cual el imputado disponía de la información legal de la firma.

El fiscal Rivero encuadró el accionar de manera provisoria bajo el artículo 293 del Código Penal, correspondiente al delito de falsedad ideológica por la inserción de datos falsos en un instrumento público.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó dos meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) e impuso medidas cautelares habituales: fijar domicilio, no entorpecer el proceso y firmar una vez al mes en la comisaría. Aunque la defensa aceptó las pautas, solicitó ampliar el plazo. Finalmente, el juez Fernández Caussi concedió cuatro meses de IPP y dispuso que las reglas de conducta se mantengan durante todo ese período.