Causa Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía imputó formalmente al exgobernador Sergio Uñac, a Cristian Andino y a otros nueve sospechosos

El Ministerio Público Fiscal expuso los detalles de la investigación que abarca el período entre 2013 y 2023. Se investiga un presunto esquema destinado a beneficiar a la empresa adjudicataria de la megaobra, con cargos por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes.

En el marco de la audiencia de formalización que concita la atención pública provincial, el Ministerio Público Fiscal expuso formalmente los cargos contra los 11 involucrados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción y contratación del Acueducto Gran Tulum.

De acuerdo con la acusación fiscal, la investigación apunta a la presunta existencia de un esquema desplegado entre 2013 y 2023, cuyo propósito habría sido el de beneficiar de manera indebida a la empresa adjudicataria de la millonaria obra hídrica.

Detalle de los principales imputados y delitos Entre los acusados se encuentra el exgobernador y actual senador nacional, Sergio Uñac, a quien la Fiscalía le atribuyó los delitos de:

  • Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

  • Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

  • Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Asimismo, la imputación alcanzó a Cristian Andino —señalado por su presunta participación en maniobras de administración fraudulenta— y a exfuncionarios clave de la gestión pública y referentes técnicos, entre los que figuran:

  • Julio César Ortiz Andino (exministro de Infraestructura).

  • Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós (exfuncionarios de OSSE).

  • Gustavo Fabián Mastelono (representante de Krah América Latina).

  • Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso (quienes ocuparon diversos cargos y funciones dentro del organismo).

En términos generales, el abanico de delitos endilgados a los sospechosos comprende el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial. La causa continúa su curso bajo la supervisión de la Justicia local y las garantías procesales correspondientes.

POR LIC. EUGENIA VILA

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