La Justicia Federal ordenó a PAMI cubrir al 100% unos audífonos valuados en $6,5 millones para un jubilado sanjuanino
Tras tres años de espera sin respuestas, un hombre de 69 años con Certificado Único de Discapacidad logró una medida cautelar favorable. El fallo obliga a la obra social a entregar e instalar los equipos de forma inmediata.
La Justicia Federal falló a favor de un jubilado sanjuanino de 69 años y ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) garantizar la cobertura total e inmediata de audífonos binaurales valuados en 6.500.000 pesos. La resolución llegó tras una espera de tres años por parte del afiliado, quien padece hipoacusia bilateral y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien intimó a la obra social —tanto en su delegación San Juan como a nivel nacional— a autorizar y costear al 100% la provisión, colocación y calibración de dos equipos marca Starkey Genesis AI 16 (con un valor individual de 3.250.000 pesos), además de cubrir los moldes, pruebas de selección y el seguimiento fonoaudiológico correspondiente. Según trascendió, el magistrado fijó esta semana como plazo límite para el cumplimiento efectivo de la orden.
El reclamo judicial fue impulsado a fines del mes pasado por la defensora pública oficial Ana Inés López Lima, titular de la Unidad de Defensa en Materia No Penal del Ministerio Público de la Defensa (MPD). El afiliado, identificado como J. A. C., acudió en busca de patrocinio gratuito debido a su situación de vulnerabilidad económica, ya que percibe una pensión no contributiva con haberes mínimos.
Al fundamentar su decisión, el juez Rago Gallo subrayó la obligatoriedad de las obras sociales de garantizar este tipo de prótesis bajo el Programa Médico Obligatorio (PMO), amparándose en la Ley Nacional N° 25.415 de Atención de la Hipoacusia y la Ley N° 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Asimismo, el magistrado recordó la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), remarcando que las entidades de salud deben asegurar sin dilaciones ni discriminación las herramientas necesarias para preservar la calidad de vida de los adultos mayores.
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