Choque de criterios en la Justicia Laboral: un juez rechazó el límite de 30 días para demandar a las ART
El magistrado Matías Pallitto se apartó del reciente fallo de la Sala I y declaró inconstitucional la norma provincial, sosteniendo que debe regir el plazo nacional de 2 años para garantizar el acceso a la Justicia.
Un fuerte contrapunto doctrinario se abrió en el fuero laboral sanjuanino luego de que el titular del Primer Juzgado del Trabajo, Matías Pallitto, resolviera apartarse del reciente criterio fijado por un tribunal superior y declarara la inconstitucionalidad del plazo de 30 días hábiles para iniciar demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
La sentencia, dictada el pasado 26 de octubre, marca una clara disidencia respecto de la postura que días atrás adoptó por mayoría la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el precedente “Castañón”. En aquel fallo, el cambio de voto del camarista Mariano Ibáñez —quien se sumó a Lucía Daroni y dejó en minoría a Guillermo Rahmé Quattropani— había dado un giro jurisprudencial al convalidar el acotado límite temporal para recurrir a la Justicia tras una resolución de las Comisiones Médicas.
Al rechazar la aplicación del artículo 3 de la Ley provincial 1709-K (norma de adhesión a la Ley Nacional 27.348), Pallitto argumentó que imponer un plazo de caducidad de apenas 30 días vulnera las garantías constitucionales de defensa en juicio y tutela judicial efectiva. En esa línea, remarcó que una disposición procesal de carácter local no puede cercenar ni extinguir el plazo general de prescripción de dos años establecido por el Congreso de la Nación en la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557).
Respecto al choque con la instancia revisora, el magistrado reconoció la relevancia institucional del nuevo criterio de la Sala I, pero advirtió que dicho pronunciamiento no constituye un fallo plenario de acatamiento obligatorio y subrayó que la Corte de Justicia de San Juan aún no se ha expedido sobre el fondo de la controversia. Asimismo, citó doctrina de la Corte Suprema nacional para enfatizar que la validez del paso obligatorio por las Comisiones Médicas exige garantizar una revisión judicial posterior “amplia y suficiente”.
El expediente que desató la disputa
El pronunciamiento de Pallitto se produjo en el marco de una demanda por 46,8 millones de pesos iniciada por un empleado administrativo de la escuela EPET N°1 contra Asociart ART S.A. El trabajador había sufrido una caída dentro de un colectivo mientras se trasladaba a su puesto laboral, provocándose lesiones severas en la rodilla izquierda, incluida la rotura del tendón rotuliano que demandó una reconstrucción quirúrgica con injertos.
En su momento, la Comisión Médica N° 26 había encuadrado el cuadro como una simple “contusión” y le otorgó apenas un 4,56% de incapacidad, frente al 17,10% que reclamaba el damnificado. Cuando el trabajador acudió a tribunales, la aseguradora planteó la caducidad de la acción por haberse superado los 30 días hábiles.
Tras declarar inconstitucional el límite temporal y calificar como “insuficiente” el dictamen administrativo a la luz de nuevas pericias médicas, resonancias y radiografías, el juez Pallitto elevó la incapacidad reconocida al 14,82% y ordenó avanzar hacia la liquidación indemnizatoria con sus respectivas actualizaciones. La resolución queda ahora sujeta a una eventual apelación que, de recaer nuevamente en la Sala I, promete escalar la discusión definitiva hacia la Corte de Justicia provincial.
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