Marlaska ordena una investigación sobre la actuación policial durante la huelga general y prohíbe el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones

La Policía Nacional y la Guardia Civil contabilizaron 1.144 incidencias vinculadas a la jornada y llevaron a cabo 47 detenciones, en las que no se incluyen las registradas en Cataluña y País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones específicas sobre los incidentes registrados durante la huelga general de este miércoles 11, según indican fuentes de Interior. La actuación policial ha provocado críticas desde asociaciones y partidos políticos a Marlaska por las cargas policiales o el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes. Las pesquisas se desarrollarán al margen de la inspección interna a la que la Policía Nacional somete de forma ordinaria sus actuaciones, según confirman desde el Ministerio.

Las mismas fuentes han señalado que el ministro ha comunicado que no se use gas lacrimógeno en los futuros dispositivos de control de manifestaciones. Hasta las 23.00 del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil contabilizaron 1.144 incidencias vinculadas a la jornada de paro y llevaron a cabo 47 detenciones, en las que no se incluyen las registradas en Cataluña y País Vasco. Madrid concentró el mayor número de arrestos, con 20. Le siguieron Valencia, con seis; Málaga y Almería, con cuatro cada una; y Granada y Castellón, con tres. También hubo dos detenidos en Zamora y un arresto en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo investigará las cargas policiales registradas durante las manifestaciones de la huelga general del miércoles. En una entrevista en RTVE, Saiz ha asegurado que el Gobierno no permanecerá “impasible” ante las imágenes difundidas de esos incidentes. La portavoz ha reconocido que se trata de escenas que le “desagradan” y que no le gustan. Las exigencias de cesar a Marlaska, habituales en la oposición, son ahora apoyadas por socios del Gobierno como ERC, Compromís o Sumar.

Efectivos de la Policía Nacional se despliegan durante la noche frente a unas cocheras de autobuses en Madrid ante la presencia de piquetes y manifestantes. (EFE)

Reacciones contra Marlaska

Las cargas policiales registradas durante la huelga general han abierto una nueva fractura entre el Gobierno y varios de sus socios parlamentarios. Sumar, Podemos, Compromís y ERC han reclamado responsabilidades al ministro del Interior. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido la dimisión del ministro. A su juicio, la actuación policial no se limitó a hechos aislados ni a decisiones de agentes concretos. “No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo”, ha declarado ante los medios en la Cámara Baja.

Martínez Barbero ha cuestionado las cargas contra quienes, según ha defendido, participaban de forma pacífica en las movilizaciones por el derecho a la vivienda. También ha valorado positivamente la convocatoria y ha calificado la protesta de “magnífica movilización”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha sumado a las críticas, aunque ha remitido su posición a la petición de cese expresada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid. Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha sostenido que los episodios no son excepcionales y ha advertido de que, si Interior no puede controlar la actuación policial, Marlaska no debería continuar en el cargo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado excesivas tanto las acciones violentas al final de la marcha de Barcelona como la respuesta policial. Ha señalado que observó un uso de la fuerza que, en su opinión, no se aplica en movilizaciones de la ultraderecha. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado también la dimisión del ministro y ha denunciado el empleo de gas pimienta y las identificaciones masivas. El PP ha centrado sus críticas en los actos violentos atribuidos a algunos sectores huelguistas. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha defendido el derecho a trabajar y ha afirmado que no puede impedirse mediante la violencia.

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