Investigan a Federico Beligoy por cobros superiores a $420 millones vinculados a la AFA

El director nacional del arbitraje quedó bajo investigación tras detectarse pagos en efectivo y transferencias durante distintos períodos. Además, fue denunciado por presunto lavado de dinero a raíz de operaciones inmobiliarias.

Federico Beligoy, actual director nacional del arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó bajo investigación judicial luego de que se detectaran cobros por más de $420 millones vinculados a la entidad. La causa se originó a partir de documentación secuestrada durante allanamientos realizados a la institución.

La investigación tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y analiza registros de pagos en efectivo y transferencias bancarias correspondientes a dos períodos: entre noviembre de 2020 y abril de 2022, y desde 2024 hasta marzo de 2025.

Según la documentación incorporada al expediente, durante la primera etapa se registraron 20 entregas de dinero en efectivo por más de $10,8 millones de aquella época, una cifra que, actualizada por inflación, equivale actualmente a unos $306 millones. Al sumar los movimientos posteriores, el monto total supera los $420 millones.

Una denuncia por presunto lavado de dinero

En paralelo, Beligoy fue denunciado por presunto lavado de activos a partir de operaciones inmobiliarias que quedaron bajo análisis judicial.

Entre las transacciones mencionadas figura la compra de dos departamentos en La Plata por USD 261.000 durante 2024, que nunca llegaron a ser recibidos. También se investiga la adquisición de una propiedad en Villa Devoto, realizada junto a su esposa en junio de este año por USD 490.000.

La vivienda tiene aproximadamente 380 metros cuadrados y cuenta con espacios adicionales en el subsuelo y cocheras. La denuncia advierte sobre una posible diferencia entre el precio pagado y los valores inmobiliarios de la zona.

La Justicia deberá analizar los movimientos financieros, la documentación secuestrada y las operaciones patrimoniales para determinar si existieron irregularidades. Por el momento, se trata de investigaciones y denuncias que deberán ser acreditadas en el ámbito judicial.

Op: J. Amaya

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