Denuncian al INTA San Juan por trabajo “en negro”: un operario exige más de $17 millones tras considerarse despedido
El trabajador de 31 años aseguró que prestó servicios en predios de San Martín y Pocito durante casi un año bajo órdenes de un encargado de cuadrilla, percibiendo apenas un tercio del salario mínimo agrario. Tras intimar sin éxito a que registraran su vínculo laboral, inició una demanda ante la Justicia Federal.
Un operario rural de 31 años, oriundo de Santa Lucía, presentó una demanda ante la Justicia Federal contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la que reclama una indemnización superior a los 17 millones de pesos tras denunciar que trabajó de manera informal durante casi un año en dependencias del organismo en San Juan.
Según el escrito judicial —presentado a mediados de este mes y aún pendiente de notificación oficial a la entidad—, el hombre ingresó el 1 de abril de 2025 para desempeñarse como operario de campo en el Campo Anexo San Martín (CASAM), ubicado en Dos Acequias, y era trasladado periódicamente a la sede de la Estación Experimental Agropecuaria en Villa Aberastain, Pocito.
En su presentación, el demandante detalló que cumplía órdenes directas de un agente del INTA que oficiaba como encargado de cuadrilla. Entre sus tareas habituales figuraban la cosecha de aceitunas, corte y acarreo de fardos de alfalfa, riego, limpieza de acequias, desmalezado con maquinaria, aplicación de agroquímicos y mantenimiento general de cuadros de cultivo y ensayos experimentales, utilizando siempre herramientas, tractores y vehículos provistos por la propia institución.
La acción judicial irrumpe en un escenario interno delicado para el organismo nacional en la provincia, que desde mediados de 2023 atraviesa una merma del 30% en su planta de personal —con retiros voluntarios recientes de profesionales y técnicos— debido a las restricciones presupuestarias.
Salarios por debajo del convenio y pagos informales
Respecto de las condiciones laborales, el trabajador señaló que cumplía una jornada de lunes a viernes de 7 a 12 horas, aunque habitualmente se extendía hasta las 14 o las 16:30, abonándose las horas extra a razón de $2.500 cada una.
En cuanto al haber mensual, denunció que inicialmente cobraba $62.500 semanales —a los que luego se sumó un adicional fijo de $50.000—, promediando unos $320.833 mensuales sin aguinaldo, vacaciones ni aportes previsionales. Dicha cifra contrasta con el piso salarial fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para un peón general, que en febrero de 2026 superaba el millón de pesos ($1.000.908,17).
De acuerdo con la demanda, las transferencias bancarias provenían inicialmente de la cuenta personal del encargado de cuadrilla, quien le habría explicado que los fondos pertenecían a un proyecto de investigación administrado a través de la Asociación Cooperadora. Cinco meses después de su ingreso, en septiembre de 2025, personal administrativo le gestionó el alta en el Monotributo Social bajo un rubro ajeno a sus funciones reales (“cultivo de hortalizas de hoja”).
Ante la falta de registración formal, el operario envió cartas documento intimando al organismo a regularizar su situación y abonar las diferencias salariales. Tras ejercer la retención de tareas sin obtener respuestas favorables, en marzo de este año se consideró despedido. El reclamo económico asciende exactamente a $16.977.943,78 —en concepto de diferencias salariales, indemnizaciones y haberes adeudados—, cifra que supera los 17 millones de pesos al computar intereses y actualizaciones, con reserva de ampliar el monto por horas extra impagas.
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